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HRW dice que reforma de Justicia en Ecuador amenaza la independencia judicial

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco | EFE

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco | EFE

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó esa idea en una carta enviada hoy al presidente del Consejo de la Judicatura ecuatoriana, Gustavo Jalkh

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La organización Human Rights Watch (HRW) alertó de que el proceso de reforma judicial en Ecuador "ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país", y urgió al Gobierno ecuatoriano a adoptar medidas para ajustarse a los estándares internacionales en la materia.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó esa idea en una carta enviada hoy al presidente del Consejo de la Judicatura ecuatoriana, Gustavo Jalkh, y a la que tuvo acceso Efe.

"La reforma de la Justicia ecuatoriana impulsada por el Gobierno debería haber contribuido a consolidar el poder judicial y profundizar su independencia. Hasta el momento, la reforma está yendo en la dirección opuesta", señaló Vivanco.

El responsable de HRW argumentó que, desde 2011, un Consejo de la Judicatura "integrado casi totalmente por exfuncionarios del Gobierno del presidente Rafael Correa ha nombrado y destituido a cientos de jueces aplicando métodos seriamente cuestionables".

Apuntó que entre julio de 2011, cuando se inició la reforma judicial, y noviembre de 2013, las distintas composiciones del Consejo de la Judicatura designaron a 1.430 jueces, suspendieron a 273 y destituyeron a 380, según datos oficiales.

"En la mayoría de las destituciones, ambos consejos consideraron que los jueces habían transgredido un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial que, con una redacción poco precisa, prohíbe a funcionarios judiciales desempeñarse con 'dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable'", señaló HRW.

Recordó que los estándares jurídicos internacionales establecen que los jueces "solamente podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo 'por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones'".

A ello se suma, prosiguió, el hecho de que en 2012 el Consejo de la Judicatura de transición designó a los 21 miembros de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, "aplicando para ello mecanismos que carecen de la objetividad y la transparencia exigidas por los estándares internacionales relativos a independencia judicial".

La organización consideró por tanto "indispensable" que el Consejo de la Judicatura "adopte medidas para asegurar que el Gobierno ecuatoriano cumpla con estándares internacionales sobre independencia judicial".

En concreto, instó a "implementar las recomendaciones relativas al nombramiento y la destitución de jueces formuladas por los veedores internacionales designados por el Gobierno" durante el proceso de reforma.

Recomendó asimismo "trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para invitar a la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados a que visite Ecuador y evalúe la situación de la independencia judicial en el país".

La reforma judicial en Ecuador respondió a una iniciativa del Ejecutivo respaldada por consulta popular en mayo de 2011, y estuvo supervisada por una veeduría internacional, que, según HRW, "criticó el artículo que se invocó para despedir a jueces, así como la selección de miembros de la Corte Nacional de Justicia".