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HRW insta al Congreso argentino a rechazar la reforma judicial del Gobierno

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) / EFE

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) / EFE

"Esta reforma le daría al partido gobernante en Argentina una mayoría automática en el Consejo que supervisa al poder judicial, lo cual compromete gravemente la independencia de la justicia", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización

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La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al Congreso argentino que rechace los proyectos de reforma del sistema judicial presentados por el gobierno de Cristina Fernández, porque a su juicio "limitarían la independencia judicial en el país".

"Esta reforma le daría al partido gobernante en Argentina una mayoría automática en el Consejo que supervisa al poder judicial, lo cual compromete gravemente la independencia de la justicia", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

"Si se realizan elecciones para designar a los miembros del Consejo, deben celebrarse de un modo que garantice que no sean politizadas", añadió.

La mandataria argentina presentó al Congreso el 8 de abril pasado una serie de proyectos legislativos para reformar el sistema judicial argentino.

"El paquete incluyó un proyecto que limitaría la posibilidad de que los individuos soliciten medidas cautelares contra actos gubernamentales, y otro que modifica la composición y el proceso de selección de miembros del Consejo de la Magistratura", indicó HRW en un comunicado.

La semana pasada el Senado argentino aprobó ambos proyectos y hoy serán tratados en la Cámara de Diputados.

Uno de los proyectos ampliaría de 13 a 19 la cantidad de miembros en el Consejo de la Magistratura, al añadir un abogado y cinco representantes de los "ámbitos académico o científico" a la composición actual.

Actualmente el Consejo está conformado por tres representantes de jueces, dos de abogados, uno del ámbito académico o científico, uno del ejecutivo y seis legisladores.

Las decisiones relativas a la designación y remoción de jueces se adoptarían por mayoría absoluta de los votos (10 del total de 19 miembros), explica la nota.

Asimismo, el proyecto exige que jueces, abogados y representantes del ámbito académico o científico sean postulados por partidos políticos y elegidos por voto popular durante las elecciones presidenciales, a partir de 2015.

El proyecto presentado permitiría que quien gane la presidencia de Argentina obtenga automáticamente mayoría de miembros en el Consejo, subraya la organización.

El Poder Ejecutivo nombraría a su representante mientras que ocho miembros del Consejo -dos jueces, dos abogados y cuatro miembros del ámbito académico o científico- surgirían de la lista partidaria que reciba mayoría de votos en la elección, añade.

En ningún caso los jueces podrán dictar una medida cautelar que "afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias", cita la organización.

Este lenguaje demasiado amplio, dice HRW, no concede a los jueces la posibilidad de ponderar la incidencia de una medida cautelar en los recursos del Estado, con relación al perjuicio irreparable que sufriría el individuo que solicita la medida si esta no se adopta.

"Para asegurar que las medidas cautelares sean efectivas, los jueces necesitan tener flexibilidad para determinar su duración y características", señaló Vivanco.

"La adopción de prohibiciones vagas y plazos rigurosos en un país en el cual los juicios demoran varios años cercena el acceso a la justicia y a procesos imparciales de los argentinos", insistió.

HRW también reconoce que el paquete de reformas judiciales incluye algunas medidas positivas, como la propuesta de designar al personal administrativo y los abogados que trabajan en el sistema judicial a través de concursos públicos, reforzar la transparencia de la labor de los tribunales y publicar en línea las declaraciones juradas del patrimonio de los jueces.