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Gobierno colombiano y FARC llegan a un acuerdo sobre participación política

Humberto de la Calle, jefe del equipo de negociadores del Gobierno colombiano / EFE

Humberto de la Calle, jefe del equipo de negociadores del Gobierno colombiano / EFE

A pocos días de que se cumpla un año de negociaciones en La Habana, gobierno y guerrilla anunciaron su segundo acuerdo parcial

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El Gobierno de Colombia y las FARC lograron hoy cerrar un acuerdo sobre participación política que abre el camino para la conversión de la guerrilla en un partido legal si se firma la paz, aunque los detalles concretos de ese tránsito se decidirán más adelante.

A pocos días de que se cumpla un año de negociaciones en La Habana, gobierno y guerrilla anunciaron su segundo acuerdo parcial en este proceso, con un acto formal al que asistieron los negociadores de ambas partes y representantes de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, como países garantes y acompañantes de los diálogos de paz colombianos.

El nuevo acuerdo persigue, en líneas generales, garantizar el ejercicio y derechos de la oposición política en Colombia y de los nuevos movimientos que surjan en un escenario de paz, democratizar los mecanismos de participación ciudadana, asegurar la transparencia del sistema electoral y otorgar más representación política a territorios y población más vulnerable en el conflicto.

Entre los aspectos más relevantes destaca la elaboración de un "estatuto de la oposición" en Colombia, un "viejo anhelo nacional", en palabras del jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle.

También destaca la decisión de conceder presencia en la Cámara de Representantes a aquellos territorios del país más afectados por la violencia del conflicto, a través de las llamadas "circunscripciones transitorias especiales de paz".

Para promover el pluralismo político, Gobierno y FARC proponen realizar "cambios institucionales" y "condiciones especiales" para facilitar la constitución de nuevos partidos.

Sin embargo, el acuerdo aplaza para más adelante decisiones específicas sobre las "condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal", ya que Gobierno y guerrilla las discutirán en el punto relacionado con la dejación de armas y la reincorporación del grupo rebelde a la vida civil.

Otros de los consensos alcanzados por las partes son acciones para dar transparencia a los procesos electorales en Colombia, en especial en las zonas donde se registra más fraude; poner en marcha un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política; garantizar un mayor acceso ciudadano a los medios de comunicación o promover la participación política de la mujer.

"Lo que hemos convenido profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática", resumieron las partes en su comunicado conjunto.

Para los negociadores del Gobierno, este acuerdo supone "una nueva apertura democrática" en Colombia "que abrirá el camino para arraigar definitivamente la paz" cuando termine el conflicto, según dijo Humberto de la Calle.

Por su parte, las FARC afirmaron que estos "importantes" consensos les dan "optimismo para seguir avanzando" hacia la paz, aunque creen que todavía "falta mucho por andar".

La guerrilla aprovechó para reiterar que los diálogos de paz con el Gobierno no son un proceso "de sometimiento" de las FARC, pero si se avanza "por las sendas de las transformaciones que las mayorías nacionales han reclamado, la firma de un tratado de paz será una realidad", dijeron.

Los negociadores colombianos han cerrado este acuerdo durante la decimosexta ronda de negociaciones de unos diálogos de paz que se instalaron en La Habana el 19 de noviembre de 2012, hace casi un año.

A fin de llegar a un acuerdo, las partes decidieron la semana pasada prolongar el ciclo de conversaciones y trabajar ininterrumpidamente hasta cerrar el punto de la participación política.

El diálogo de paz se reanudará en Cuba el próximo 18 de noviembre, en una nueva etapa donde Gobierno y guerrilla iniciarán el debate sobre el narcotráfico y "solución al problema de las drogas ilícitas", punto que figura como el cuarto en la agenda pactada para el proceso pero que finalmente será el tercero a tratar entre las partes.