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Gobierno brasileño apelará a la justicia si avanza proceso contra Rousseff

Dilma Rousseff es acusada de haber practicado maniobras contables en 2014 para maquillar la verdadera situación económica del país | Foto EFE

Dilma Rousseff es acusada de haber practicado maniobras contables en 2014 para maquillar la verdadera situación económica del país | Foto EFE

Este miércoles, inició el trámite para un eventual juicio político contra la presidenta

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El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, dijo que este jueves el gobierno apelará a la justicia si avanza el proceso para un juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, que volvió a calificar de “nulo” e “ilegal”.

Este miércoles, el trámite para un eventual juicio político dio el primer paso en firme, cuando el instructor de una comisión especial de la Cámara baja -que analiza el asunto- consideró que hay méritos jurídicos para un proceso con miras a la destitución de Rousseff.

Sin embargo, en una conversación con corresponsales extranjeros, Cardozo descalificó el informe presentado por el diputado instructor Jovair Arantes, que a su juicio refleja una situación “jurídica absolutamente fantasiosa”, “irreal” e “inconsistente”.

El instructor aceptó la acusación formulada por la oposición, según la cual Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Todo eso, según la parte acusadora, constituye “delitos de responsabilidad”, que la Constitución brasileña contempla entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.

Cardozo, no obstante, volvió a negarlo y aseguró que incluso si la opinión del Gobierno estuviera “equivocada” y se hubiera cometido alguna “ilegalidad”, eso tampoco bastaría para abrir un proceso con miras a la destitución de Rousseff.

El abogado general indicó que, según la Constitución, para que se configure un “delito de responsabilidad” es imprescindible “que haya dolo”, lo cual no existiría aún si el Gobierno hubiera cometido algún tipo de falta administrativa o de gestión financiera.