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Gobierno de Rousseff rechaza reforma legal de tierras indígenas

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff / Reuters

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff / Reuters

El proyecto parlamentario propone nuevas normas para la demarcación de tierras indígenas y ha generado protestas de indios en todo el país. El gobierno de Brasilia lo considera "inconveniente", "inoportuno" e "inconstitucional"

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El gobierno brasileño afirmó hoy que un proyecto parlamentario que propone nuevas normas para la demarcación de tierras indígenas y ha generado protestas de indios en todo el país es "inconveniente", "inoportuno" e "inconstitucional".

La opinión del gobierno de Dilma Rousseff fue anunciada mediante un comunicado difundido por el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien aclaró que ese parecer fue producto de un "profundo análisis jurídico" hecho por su despacho.

El proyecto, conocido como PEC 215, propone que la competencia sobre la demarcación de tierras indígenas, que hasta ahora la ley le reserva al Ejecutivo, pase a manos del Parlamento.

La iniciativa, presentada por legisladores vinculados a grandes hacendados y empresarios, ha sido rechazada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y otros movimientos sociales, que esta semana han realizado diversas protestas en Brasilia y otras ciudades del país.

En la nota difundida por el Ministerio de Justicia, ese despacho afirma que la propuesta "no sólo es inconveniente e inoportuna, sino también inconstitucional".

Afirma incluso que "ni siquiera podría haber sido admitida para trámite", pues "hiere el artículo 60 de la Constitución", el cual prohíbe "la deliberación de propuestas dirigidas a abolir la forma federativa del Estado" y las competencias del Ejecutivo.

El Ministerio de Justicia sostiene que "una eventual aprobación de la PEC 215 configuraría una violación del principio de separación de poderes y de los derechos individuales de los indígenas".

Citado en la nota, Cardozo aclaró que el Gobierno "no le da órdenes al Legislativo", pero confía en que "su posición jurídica", que es compartida por el Tribunal Supremo, sea "considerada por los diputados".