• Caracas (Venezuela)

Mundo

Al instante

Francia confirma pena de 20 años para ex dirigentes etarras

Las autoridades también acordaron la expulsión del país de Mikel Albisu y María Soledad Iparraguirre

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La justicia francesa confirmó hoy las penas de 20 años de cárcel que había dictado en primera instancia en diciembre de 2010 contra la pareja de ex dirigentes etarras Mikel Albisu, alias "Mikel Antza", y María Soledad Iparraguirre, "Anboto" o "Baltza".

Como en el primer juicio, cuyo veredicto recurrieron Albisu e Iparraguirre, el Tribunal de lo Criminal de París fijó en dos tercios de esa pena el periodo mínimo que tendrán que pasar entre rejas, y confirmó igualmente la posterior expulsión definitiva de Francia.

En el caso de "Anboto", esta condena se suma a las tres ya dictadas contra ella en Francia, de cinco años cada una. Además, la justicia francesa ha dado su visto bueno a su extradición a España, donde tiene cuentas pendientes por su pasado como presunto componente de comandos con delitos de sangre a sus espaldas.

Eso, no obstante, queda pospuesto a la eventualidad de que recurra el nuevo auto al Tribunal Supremo no ya sobre el fondo, sino sobre cuestiones de procedimiento.

Los jueces consideraron a los dos etarras, de 51 años, que están en prisión desde su captura el 3 de octubre de 2004 en la casa rural en la que vivían en Salies de Béarn (suroeste de Francia), culpables de una quincena de cargos, y en particular del de dirigentes de organización terrorista, él del aparato político y ella del financiero.

La Fiscalía había pedido para ambos la pena máxima de 30 años prevista en Francia por esa imputación, pero el tribunal no la retuvo, aunque sí los consideró responsables del delito de extorsión de fondos por el papel que tuvieron, y en especial "Baltza", en la gestión de las operaciones de cobro del llamado "impuesto revolucionario".

El fiscal, Jean-François Ricard, había puesto el acento en que durante el periodo de acusación, de 2000 a 2004, ambos "estaban al frente de dos aparatos de toma de decisiones" y que "Mikel Antza" era uno de los participantes en las reuniones en el comité ejecutivo, máximo órgano de dirección de la banda.

De forma que "sus orientaciones -según Ricard- tenían una traducción inmediata en términos de muertos, de destrucción, de terror" en una de las fases de más virulencia de ETA, con 137 atentados en esos cuatro años.

El juicio en apelación ahora concluido ha estado marcado por la voluntad de los dos etarras de vincularlo con el "contexto político" en el País Vasco, tras el anuncio en octubre de 2011 del abandono definitivo de la lucha armada por ETA, y de actuar como portavoces que son del colectivo de presos de la banda en Francia.

Su abogado Jon Emparantza lo formuló en forma de demanda al señalar que aunque la justicia "no puede resolver" el "conflicto" del País Vasco, el tribunal "(debía) saber que su decisión tendrá consecuencias políticas", y que a la hora de dictar sentencia había dos opciones: "el inmovilismo" o "ayudar al proceso para que avance en la buena dirección".

El representante del Ministerio Público se esforzó, por su parte, en insistir a los magistrados que no eran "un tribunal de la historia" y que su misión no era "juzgar a ETA" sino a los dos que se sentaban en el banquillo por delitos tipificados en el Código Penal.

Desde el primer día, con una declaración leída a dos voces, Albisu e Iparraguirre insistieron en que ETA sigue esperando a que los gobiernos de España y Francia acepten hablar de la situación de los presos, del "desarme" y de la "desmilitarización", así como de las víctimas del conflicto".

Pero una y otra vez se reafirmaron en la legitimidad del recurso a la violencia por la defensa del "derecho a la autodeterminación" del País Vasco.

Y, en una sala que como durante los nueve días de juicio apenas tuvo a media docena de personas de público, tras la lectura de la sentencia cantaron el "Eusko Gudariak" y gritaron "¡Gora ETA!".