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Fiscalía colombiana inciará investigación contra Álvaro Uribe

Álvaro Uribe | Foto: Archivo

Álvaro Uribe | Foto: Archivo

"Estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales", dijo Uribe acerca del caso

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La Fiscalía colombiana investigará un expediente en el que se menciona la presunta vinculación del ex presidente de ese país Álvaro Uribe Vélez en la masacre del corregimiento El Aro, en la que murieron 17 personas.

La decisión de la Fiscalía, refiere una nota de la revista Semana, obedece a que las actuaciones judiciales contra Uribe por fuera de su período como presidente deben ser investigadas por la Corte Suprema.

Los hechos ocurrieron cuando el hoy senador ejercía funciones como gobernador de Antioquia.

En la masacre, cuya responsabilidad fue atribuida a grupos paramilitares liderados por Salvatore Mancuso, 42 de las 60 viviendas del pueblo fueron incendiadas y sus 702 habitantes forzados a huir de la localidad.

Según las fuentes consultadas por la revista colombiana, la Fiscalía procedió con dos objetivos: investigar la relación de Uribe con el homicidio de Francisco Villalba, un paramilitar que acusó al ex presidente por esos hechos, y por su presunta vinculación en la masacre de El Aro.

El lunes, en alusión a ese proceso, Uribe tuiteó: "Estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales". Sin embargo, no es la única acusación. Las recientes declaraciones del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", revelan que el ex presidente estaba al tanto de esos asesinatos.

Por esos hechos, ocurridos entre el 22 y el 27 de octubre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano en 2000 por la violación del derecho a la vida.

La sentencia dejó constancia de que el posterior asesinato del líder Jesús María Valle, quien había denunciado el actuar de los paramilitares y señalado a Uribe como uno de los implicados en el hecho, y el homicidio de Villalba fueron elementos que impidieron la adecuada investigación, juzgamiento y clarificación de lo sucedido.

La CIDH además concluyó que la participación de agentes del Estado no sólo facilitó el ingreso de los paramilitares sino que negó la asistencia a la población civil durante la incursión.

Por esos hechos, hubo sólo tres sentencias en un solo fallo contra Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, condenados a 40 años de prisión, pero el primero fue asesinado en 2004 y el segundo extraditado a Estados Unidos, durante la presidencia de Uribe, para ser juzgado únicamente por delitos vinculados con el narcotráfico.

La tercera condena fue de 33 años y cuatro meses de prisión para Francisco Villalba, asesinado el 23 de abril de 2009.