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Fiscal pidió condenar a Berlusconi y rebajar su inhabilitación a 3 años

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi / Reuters

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi / Reuters

la Fiscalía solicitó una rebaja de 5 a 3 años de la inhabilitación del ejercicio de cargo público para Berlusconi, al considerar que es lo que marca la ley y que el Tribunal de Apelación de Milán

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La Fiscalía italiana pidió hoy que se confirme la condena por fraude fiscal al ex primer ministro Silvio Berlusconi por la compraventa de derechos de películas en el caso Mediaset, por el que se dictó una pena en primera y segunda instancia de 4 años de prisión y 5 de inhabilitación.


Sin embargo, la Fiscalía solicitó una rebaja de 5 a 3 años de la inhabilitación del ejercicio de cargo público para Berlusconi, al considerar que es lo que marca la ley y que el Tribunal de Apelación de Milán no explicó por qué dictó la ampliación hasta un lustro de esta medida añadida a la pena de cárcel.

"Más allá de la condena por el delito de fraude fiscal, la pena de cárcel y la inhabilitación de cargo público, es necesario reconducir esta sanción adicional a los términos de la ley", dijo durante la vista el fiscal general del Tribunal Supremo, Antonio Mura, en declaraciones recogidas por los medios presentes.

Mura argumentó su solicitud de condena durante una comparecencia en la audiencia celebrada en la Alta Corte, que hoy empezó a analizar el recurso presentado por "il Cavaliere" por la condena dictada en su contra en primera y en segunda instancia en octubre de 2012 y mayo pasado, respectivamente.

"Éste es un proceso cargado de expectativas y que levanta pasiones y emociones externas que son manifestación del libre debate y de la vida democrática, pero las expectativas y pasiones tienen que quedarse fuera del espacio del aula judicial", dijo Mura durante la vista, según los medios.

"Puedo afirmar sin más que, por la observación de la forma de desarrollo de este proceso, las reglas legales han sido respetadas y no hay una oposición a los principios del proceso justo", agregó el fiscal, rechazando así las alegaciones planteadas por la defensa.

Este caso se refiere a la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset -el grupo audiovisual de Berlusconi- entre 1994 y 1999, bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.

Los magistrados que condenaron a Berlusconi en primera instancia cifraron en 17.500 millones de liras en 2000, en 6,6 millones de euros en 2001, unos 4 millones de euros en 2002 y unos 2 millones de euros en 2003 la cantidad de dinero objeto de la "evasión muy considerable" en la que participó Berlusconi.

La adquisición de los derechos por valor de 470 millones de euros para el grupo empresarial Fininvest al que pertenece Mediaset se realizó, según la Fiscalía, a través de dos sociedades extranjeras, la Principal Network Communication y la Principal Network, y de otros intermediarios, entre ellos el productor estadounidense de origen egipcio Frank Agrama.

Según el fiscal del Supremo, en el mecanismo de facturas ficticias que ha quedado a la luz en este proceso queda de relieve una "continuidad" con la intención de "inflar los costes para obtener beneficios fiscales y producir pagos para acumular en el extranjero ingentes capitales".

En su opinión, el ex primer ministro es quien había ideado todo este entramado de fraude (por el que hay imputadas otras tres personas, entre ellas Agrama), y, por tanto, "es inverosímil" sostener la hipótesis de que los hechos que se juzgan sean fruto de una "colosal estafa urdida durante años contra Berlusconi".

La decisión del Supremo sobre Berlusconi puede acarrear consecuencias sobre el actual Ejecutivo italiano, del que forma parte el partido de "il Cavaliere", cuya reacción a una posible inhabilitación de su líder se teme ante las advertencias de algunos de sus miembros de que retirarán su apoyo a la coalición gobernante.