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Familiares de acusados de supuesto complot contra Morales piden fin del caso

El presidente de Bolivia, Evo Morales / Reuters

El presidente de Bolivia, Evo Morales / Reuters

El juicio ha cambiado de ciudad cinco veces, de tribunal en dos ocasiones, ha sufrido la renuncia del fiscal acusador clave, Marcelo Soza, y el encarcelamiento por supuesta corrupción de tres abogados del Gobierno que impulsaban la denuncia

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Familiares de los acusados de un supuesto complot contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, y de promover una división territorial en 2009, se manifestaron hoy para pedir la extinción del juicio porque dicen que no tiene sustento jurídico.

María del Carmen Morales de Prado, esposa del general retirado Gary Prado, uno de los 39 enjuiciados, dijo a Efe que hoy se cumplen 1.461 días o cuatro años, "de sufrimiento" de esas familias porque "no se respetan sus derechos humanos, ni las normas jurídicas".

Decenas de familiares y abogados de los acusados se manifestaron con su reclamo en la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz, sede del juicio que está en receso hasta el próximo 22 de abril.

El juicio ha cambiado de ciudad cinco veces, de tribunal en dos ocasiones, ha sufrido la renuncia del fiscal acusador clave, Marcelo Soza, y el encarcelamiento por supuesta corrupción de tres abogados del Gobierno que impulsaban la denuncia.

El caso data del 16 de abril de 2009 cuando murieron acribillados a manos de la policía en un hotel de Santa Cruz el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Árpád Magyarosi, y además fueron detenidos el húngaro Elöd Tóasó y el boliviano croata Mario Tadic.

Los cinco fueron acusados por el Gobierno de formar una banda terrorista que supuestamente se planteó el magnicidio y organizaba milicias separatistas a las órdenes de un grupo de empresarios y políticos autonomistas de la rica región oriental de Santa Cruz.

Los acusados han rechazado las denuncias y han sostenido que toda la trama fue un montaje del Gobierno para perseguir a opositores.

El abogado de Tóásó, Sergio Rivera, reiteró hoy, en declaraciones a Efe, que el caso legalmente debe extinguirse porque se sobrepasó el plazo legal razonable de tres años para que se dicte sentencia, lo que sería un argumento para que los imputados desconfíen de la justicia nacional y lleven el caso luego a cortes internacionales.

No obstante, el Gobierno también ha criticado la lentitud con que el juicio se desarrolla porque defiende que sí hubo un plan de sedición y de magnicidio en 2008 y 2009, apuntalado por los extranjeros citado y financiado por líderes autonomistas cruceños.