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Fallo de la Corte de La Haya pone en aprietos a Colombia

El gobierno de Santos rechazó el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por considerar que ha incurrido en "graves errores" | EFE

El gobierno de Santos rechazó el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por considerar que ha incurrido en "graves errores" | EFE

Gobierno debe escoger entre admitir la pérdida de territorio o quedar al margen de la legalidad internacional

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Colombia ha caído en un infierno diplomático. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que concedió derechos a Nicaragua sobre aguas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina coloca al presidente Juan Manuel Santos en una situación muy difícil. La sentencia implica para Bogotá la mayor pérdida territorial en magnitud desde la separación de Panamá.

Ninguna de las respuestas evaluadas hasta ahora por el gobierno de Santos permitirá a Colombia volver a la situación anterior al fallo de La Haya. Lo que procede, entonces, es una gestión de control de daños. Esto también implica riesgos pues algunas de las opciones planteadas podrían crear más problemas de los que se quieren solucionar.

La opción más radical, propuesta por el ex presidente Álvaro Uribe y algunos parlamentarios, implica desacatar la decisión de la CIJ. Esta posibilidad apuntaría a mantener el status quo territorial anterior e, incluso, podría dar réditos a Santos entre los ciudadanos colombianos al presentarlo como un defensor a ultranza de la integridad del país.

Sin embargo, sus consecuencias pueden ser catastróficas en el ámbito internacional. Las decisiones de la CIJ son inapelables y de obligatorio cumplimiento para los países miembros de la ONU, por lo que si Colombia se declara en rebeldía Nicaragua podría acudir ante el Consejo de Seguridad para exigir que se haga respetar la sentencia incluso con el empleo de la fuerza militar. Es un escenario improbable pero no imposible. Un desafío a la autoridad de la CIJ dará al traste con la valoración internacional de Colombia. No sólo quedará en duda su respeto a la legalidad, sino que puede producir un daño severo a los avances logrados en los últimos años en la imagen internacional de Colombia, que le han costado esfuerzos pero se han visto recompensados con reconocimientos como su elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el período 2011–2012.

La segunda posibilidad, asomada por la canciller María Ángela Holguín, luce mal tan sólo con enunciarla: el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá. ¿Y cómo así? Los gobiernos suelen esforzarse en lograr que los tratados y acuerdos internacionales se firmen en sus ciudades para que lleven sus nombres y realcen la imagen del país. ¿Cómo justificar ante el mundo que Colombia abandone un acuerdo suscrito en Bogotá? El retiro de este convenio interamericano para la resolución pacífica de controversias –gracias al cual ese Estado suramericano aceptó la jurisdicción de la CIJ– no puede tener efectos retroactivos sobre un caso en el que ya hay una sentencia emitida, por lo que no serviría para desconocer el fallo. Sería otro ejercicio de diplomacia Jalisco –que cuando no gana, arrebata– y sembraría profundas dudas sobre el apego de Colombia a las normas internacionales.

La última alternativa propone solicitar una aclaratoria a la CIJ y, por esta vía, buscar alguna mejora en la situación creada por la sentencia. Este camino mantendría a Colombia en el marco de la legalidad vigente, pero tiene la desventaja de que implicará necesariamente la aceptación de la pérdida de una importante zona marítima en la que durante 200 años ejerció su soberanía. De apostar por esta salida, el gobierno de Santos debería también iniciar un acercamiento a Nicaragua con miras a explorar algún acuerdo ganar–ganar que permita garantizar las mejores condiciones para los habitantes del archipiélago de San Andrés y, por qué no, que facilite, por ejemplo, la explotación conjunta de las potencialidades económicas de esa nueva frontera marítima, así como su debida protección ambiental.

Esta posibilidad implica grandes retos pues obliga a entenderse con un gobierno de trato difícil como el de Daniel Ortega, pero constituye en las actuales circunstancias que vive la diplomacia colombiana el lugar del infierno más cercano al purgatorio.