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Exjuez Garzón denuncia grave problema de derechos humanos en Venezuela

Líderes abogan por la liberación de los estudiantes presos | Foto Omar Véliz / Archivo

El exfuncionario español dijo que le preocupaba lo que veía "día a día en las noticias"

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 El exjuez español Baltasar Garzón denunció hoy que "hay un grave problema de derechos humanos" en Venezuela que se ve "en el día a día de las noticias".

Tras la presentación en Madrid de su nuevo libro "El fango", una "enciclopedia" de la corrupción en los últimos 40 años de la historia de España, Garzón ofreció una conferencia de prensa y fue interrogado sobre la situación en Venezuela.

El ex juez negó que su despacho de abogados hubiera trabajado para desbloquear las cuentas del magnate venezolano Diego Salazar en la Banca Privada de Andorra (BPA), como publicó recientemente el diario español ABC

Según dicha información, la BPA, actualmente intervenida a raíz de una investigación en EEUU por presunto blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico, habría contratado los servicios de Garzón para desbloquear las cuentas del empresario venezolano, investigadas por la Fiscalía andorrana por supuesto blanqueo de dinero.

El exjuez explicó que ese trabajo, para un cliente que negó sea Salazar pero cuya identidad no quiso desvelar, lo hizo en el libre ejercicio de su profesión como abogado."Tengo un código ético muy estricto en mi despacho, se establecen limites infranqueables", explicó respecto al informe sobre los fondos del cliente, que elaboró para un bufete de Andorra en el marco de un recurso de apelación.Garzón, quien en febrero de 2012 fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchas ilegales en el caso de corrupción en España conocido como "Gürtel", consideró que en esa investigación las "piedras que se han puesto en el camino han sido, en vez de apartadas, agrandadas" para que "no avance".

El exjuez defendió como "válidas" las escuchas que ordenó en ese caso y denunció una "campaña de descrédito, de acoso y derribo personal y profesional", una "clara persecución" de los jueces, fiscales y policías con ánimo de "entorpecer" la investigación de dicho caso de corrupción, que considera uno de los más graves de la historia contemporánea española.