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Excarcelados 8 narcos egipcios en España por cambios en la ley de justicia

El juez recuerda que conforme a la nueva ley, que entró en vigor el pasado 15 de marzo, se podría perseguir estos hechos si fueran cometidos por españoles, o en territorio español o si el delito fuera a cometerse en España

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Un juez español dejó este martes en libertad a ocho egipcios, detenidos el 6 de marzo tras ser interceptados en un barco pesquero con 9,8 toneladas de hachís cuando navegaban por aguas próximas a España, debido a la reforma de la ley española de justicia universal.

El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional tomó esta decisión tras comprobar que con la nueva normativa en materia de jurisdicción universal los tribunales españoles carecen de competencia para juzgar a estos detenidos por un delito de tráfico de estupefacientes cometido por ciudadanos extranjeros y en un barco sin bandera.

La justicia española no puede ya perseguirles dado que ni son españoles, ni el barco tenía bandera, ni el delito se iba a cometer en España porque, tal y como declararon, venían de Alejandría (Egipto), cogieron la droga en Marruecos y su destino era Libia.

El juez recuerda que conforme a la nueva ley, que entró en vigor el pasado 15 de marzo, se podría perseguir estos hechos si fueran cometidos por españoles, o en territorio español o si el delito fuera a cometerse en España, por lo que en este caso no se cumple ninguno de esos requisitos.

Por todo ello, el juez ordena la excarcelación de los detenidos y la destrucción de la droga, valorada en 56,4 millones de euros (77.6 millones de dólares)

Con anterioridad a dicha reforma "no había duda sobre la competencia de nuestros tribunales para el conocimiento" de estos hechos, recalca Andreu.

Tras la detención en aguas próximas a Almería (sureste), el caso recayó en la Audiencia Nacional, tribunal que se ocupa de los delitos de narcotráfico cometidos por extranjeros.

Al margen de que el caso no se pueda acoger a la nueva norma sobre justicia universal, según el juez tampoco se le puede aplicar la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, ya que ésta establece que la jurisdicción de un país será competente cuando el delito se cometa en su territorio o a bordo de una nave que enarbole su pabellón, supuestos que no se dan en este caso.