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España retrocede en jurisdicción penal internacional

El Partido Popular presentó ante el Congreso una propuesta para investigar delitos de genocidio o lesa humanidad solo cuando la causa sea contra ciudadanos españoles o extranjeros residentes en España

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El 15 de octubre de 1998, la Audiencia Nacional de España recibió una petición de orden de detención contra el ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, para que fuera extraditado a España para ser juzgado por genocidio, terrorismo y torturas.

Pinochet fue arrestado y permaneció bajo custodia en un hospital privado de Reino Unido. Aunque la extradición no se hizo efectiva, debido a que en el año 2000 se ordenó su liberación  por motivos de salud, era la primera vez que se detenía a un ex jefe de gobierno sobre el principio de jurisdicción penal universal que permite a los Estados investigar y perseguir a personas por delitos cometidos en otros países.

España está a punto de dar un paso atrás en esta materia una vez que el gobernante Partido Popular presentó ante el Congreso una propuesta que plantea que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa sea contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición al país hubiera sido denegada, informó EFE.  Una medida en este sentido se dio en el año 2009 cuando el Parlamento aprobó una primera reforma que menoscababa el principio de jurisdicción universal.

El proyecto de ley del PP, que se discutirá a partir del martes próximo, también establece las condiciones en caso de delitos de desapariciones forzosas y torturas, como que el presunto responsable sea español o que la víctima fuese española en el momento de los hechos y siempre que el imputado se encuentre en el país.

La organización Amnistía Internacional considera que esta acción es un retroceso en la lucha contra los crímenes de derecho internacional. “España transmite así el mensaje de que las autoridades españolas se preocupan más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos”, dice la organización en un comunicado.