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Escándalo Boudou amenaza a Cristina Kirchner

Amado Boudou se defiende ante juez por caso de corrupción | EFE

Amado Boudou se defiende ante juez por caso de corrupción | EFE

Expertos destacan que el proceso demuestra que el gobierno argentino fracasó en su intento de disciplinar a los jueces y someterlos

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El proceso judicial contra el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, es uno de los escándalos más graves que ha tenido que enfrentar el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ya que sus implicaciones podrían afectar la continuidad del oficialismo en el poder. Es además, la primera vez, en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es procesado por presunta corrupción.

Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo “en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país”.

Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. “Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política”, expresó.

Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. “El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela”, comparó.

Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.

Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado –a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro– con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.

El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.

Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.

La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.

Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación. El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.

Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. “En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político”, concluyó.

Maletín emblemático

Entre los escándalos de corrupción que han salpicado la relación bilateral entre Argentina y Venezuela, el más famoso es el maletín con 800.000 dólares decomisado al empresario Guido Alejandro Antonini Wilson en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires el 4 de agosto de 2007.

Ese año, Boudou incursionaba en la política como Secretario de Hacienda y Finanzas del Partido de la Costa. Antonini Wilson viajó en un avión privado contratado por la empresa estatal de energía de Argentina, Enarsa, junto con Exequiel Espinoza, presidente de la compañía; Claudio Uberti, director de un ente gubernamental; y Ruth Behrenes, Nelly Cardozo y Wilfredo Ávila, funcionarios de Pdvsa. El dinero, decomisado porque no fue declarado por el empresario, habría sido enviado por el fallecido presidente Hugo Chávez para apoyar la campaña de la actual mandataria Cristina Fernández, que en ese momento era la candidata para sustituir a su esposo, Néstor Kirchner, en la jefatura del Estado.

Poco después del decomiso se conoció que Antonini estuvo presente en un acto en la Casa Rosada, sede de la Presidencia argentina, donde participaron Chávez y los Kirchner. La versión fue negada por los gobiernos de ambos países, pero en 2009 se difundió un video en el que se veía al empresario saliendo de la Casa Rosada.

Negocios turbios

El caso del vicepresidente Amado Boudou no es el único que ha afectado a los gobiernos de la familia Kirchner en Argentina. Hay varias denuncias de corrupción y algunas de ellas están vinculadas a los negocios realizados con Venezuela durante la última década.

Los fallecidos presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez fueron aliados cercanos y eso los llevó a firmar múltiples acuerdos de cooperación.

Chávez, por ejemplo, ayudó a Kirchner comprando bonos de Argentina –execrado de los mercados financieros por el default de 2001– para venderlos juntos con títulos de Venezuela.

Los mandatarios también suscribieron un convenio para que Pdvsa vendiese diesel a cambio de productos diversos. El ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido, ha sido acusado de cobrar comisiones a las empresas de su país para incluirlas en la lista de proveedores de los bienes enviados a Venezuela para pagar el combustible.

La práctica se habría repetido en otros negocios bilaterales. Impsa ha sido acusada de obtener contratos del gobierno venezolano –reacondicionó turbinas de la represa de Guri y proveyó estos equipos para Tocoma– gracias a la relación de su propietario, Enrique Pescarmona, con los Kirchner.