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EFE: Mursi y los tribunales, una historia de desencuentros

Estados Unidos busca a un nuevo aliado regional en el presidente Mursi | AP

Estados Unidos busca a un nuevo aliado regional en el presidente Mursi | AP

El fallo de un tribunal administrativo contra la convocatoria de las legislativas, cuyo inicio estaba previsto para el 22 de abril, añade incertidumbre al futuro próximo de Egipto, sumergido en una galopante crisis económica

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El nuevo revés sufrido en los tribunales por el presidente egipcio, Mohamed Mursi, con la suspensión de las elecciones parlamentarias, es solo el último capítulo de una historia de desencuentros que obstruyen la volátil transición de Egipto.

El fallo de un tribunal administrativo contra la convocatoria de las legislativas, cuyo inicio estaba previsto para el 22 de abril, añade incertidumbre al futuro próximo de Egipto, sumergido en una galopante crisis económica.

Ante este panorama financiero, las autoridades egipcias se aferran a un eventual préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 4.800 millones de dólares que, además, desbloquearía los generosos paquetes de ayuda prometidos por las potencias occidentales.

Sin Parlamento y, por tanto, sin un nuevo ejecutivo, el salvavidas del FMI se aleja.

No parece probable que, hoy por hoy, el contestado gobierno del primer ministro, Hisham Qandil, pueda permitirse asumir el coste político de poner en marcha las impopulares reformas demandadas por el FMI, con unas elecciones a la vuelta de la esquina.

La oposición ha recibido con alborozo la suspensión de los comicios, motivada por un defecto de forma, pues la justicia considera que la ley electoral aprobada por la Cámara alta -que ahora mismo ostenta todo el poder legislativo- debía haber sido sometida al dictamen previo del Tribunal Constitucional.

Aun desprovisto de sus elementos más incómodos como la jueza Tahani el Gebali (que abandonó el alto tribunal a comienzos de este año), el Constitucional sigue siendo, a ojos de Mursi y sus Hermanos Musulmanes, un reducto de fieles al antiguo régimen.

Por ello, Mursi ha puesto un especial énfasis en la reforma de un poder que se le muestra esquivo y que le ha propinado algunas de las derrotas más dolorosas desde que fue elegido presidente, en junio de 2012.

Solo diez días después de asumir la Presidencia, el mandatario islamista ordenó restaurar la Cámara baja del Parlamento, que había sido disuelta por el Constitucional por irregularidades en su composición.

Pinchó en hueso. Tres días después, el alto tribunal anuló el decreto presidencial y disolvió de forma definitiva la Cámara baja, donde las fuerzas islamistas gozaban de una cómoda mayoría.

Pocos meses después, en octubre, Mursi pretendió deshacerse de otro declarado contrincante, el fiscal general Abdelmeguid Mahmud, enviándolo como embajador al Vaticano.

De nuevo, la justicia lo frenó en seco. La ley impedía al presidente disponer con libertad del cargo de fiscal general, por lo que hubo de rectificar solo 48 horas más tarde.

Sin embargo, el mayor desafío hasta el momento surgió con el polémico decreto por el que Mursi blindó sus poderes ante los tribunales en noviembre, y que perseguía evitar que el Constitucional echase abajo su proyecto de Carta Magna.

En esta ocasión, pese a que tuvo que afrontar una huelga de jueces que estuvo a punto de frustrar la celebración del referéndum constitucional, el presidente sí logró su objetivo de sacar adelante el texto y, además, de nombrar a un nuevo fiscal general menos airado con el poder.

Pese a sus recientes triunfos, Mursi y los Hermanos Musulmanes son conscientes de que cuentan con la enemiga de buena parte de la judicatura, encarnada por el presidente del Club de Jueces -principal asociación de magistrados-, Ahmed Zend.

La judicatura egipcia ya demostró su independencia en el pasado, cuando fue uno de los pocos estamentos de la sociedad que osó plantar cara a los desmanes del depuesto presidente Hosni Mubarak (1981-2011).

Ahora, el aplazamiento "sine die" de los comicios carga de argumentos a la oposición no islamista, que anunció que boicotearía la cita, y devuelve al Constitucional la última palabra, algo que dista de agradar a los Hermanos Musulmanes.

"El Tribunal Constitucional está llevando a cabo una función legislativa que en absoluto es de su competencia, lo que supone una intromisión en los poderes, y no un equilibrio entre ellos", lanzó a modo de advertencia el dirigente de la Hermandad Esam el Arian.

Resulta palmario que la batalla no ha hecho más que comenzar.