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“EE UU y Brasil buscan preservar sus intereses”

El embajador de Brasil en Guyana, Lineu Pupo De Paula, destacó que “Guyana tiene la razón” | Foto EFE

El embajador de Brasil en Guyana, Lineu Pupo De Paula, destacó que “Guyana tiene la razón” | Foto EFE

David Granger solicitará al Congreso de su país llevar la disputa limítrofe con Venezuela a la Corte Internacional de Justicia

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Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Guyana, Perry Holloway, la semana pasada, en apoyo a la posición de Georgetown sobre la disputa con Venezuela por el Esequibo, molestó al gobierno venezolano, que las calificó de “intromisión” y de “instigación”.

El 8 de septiembre, su homologó de Brasil en Guyana, Lineu Pupo De Paula, destacó que “Guyana tiene la razón”. Pero el Ejecutivo venezolano no reaccionó públicamente.

Las declaraciones responden a la “preservación de intereses que tienen estos países sobre la explotación de recursos naturales en el Esequibo”, afirmó el especialista en el tema, Abraham Gómez. Se trata de una estrategia para menoscabar la posición de Venezuela internacionalmente, añadió: “Estados Unidos estaba esperando que la Caricom fijara posición para declarar, mientras que Brasil lo hizo de bajo perfil para medir la reacción del gobierno venezolano, del que es aliado”.

El experto Carlos Romero indicó que el asunto se  va “internacionalizando” en la medida en que actores principales como Washington y Brasilia asumen una posición, lo que es negativo para Venezuela, que decidió mantenerlo dentro de las relaciones bilaterales.

“También se puede interpretar como un pase de factura de estos países debido al descenso en la relaciones bilaterales, el evidente distanciamiento entre Washington y Caracas, y el congelamiento con Brasil”, agregó.

Empresas de ambos países tienen inversiones en el territorio disputado como la estadounidense Exxon, dueña de 45% de la concesión petrolera en Stabroek; y la brasileña Muri Brasil Venture, encargada de una represa hidroeléctrica en Amaila.

Congreso. Abraham Gómez señaló que el presidente de Guyana, David Granger, solicitará al Congreso de su país autorización para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Lo que sería “una manera de pasar por encima de la reunión Granger-Maduro celebrada en la ONU el 20 de septiembre”.

La Constitución de Guyana establece que para abrir el proceso, el Congreso debe aprobar la autorización, lo cual no será obstáculo para Georgetown pues incluso los partidos de oposición han apoyado al gobierno de Granger.