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Desapariciones evidencian vínculos entre autoridades y narcos

Albergan pocas esperanzas sobre la suerte de los jóvenes | Foto EFE

Albergan pocas esperanzas sobre la suerte de los jóvenes | Foto EFE

Si no tienen razón de los jóvenes, los manifestantes seguirán en las calles 

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“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es la consigna que ha acompañado a familiares, amigos y personas solidarias que han participado en las protestas para pedir la liberación de los 43 estudiantes  mexicanos que hoy llevan cuatro semanas  desaparecidos.

La versión de las autoridades indica que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se habían trasladado a la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, para realizar una colecta, cuando fueron interceptados por jóvenes del cártel Guerreros Unidos, que lidera la zona.

Después de un tiroteo en el que también participó la policía municipal, 6 personas murieron y los 43 estudiantes fueron montados en patrullas. Desde entonces se desconoce su paradero.

En una rueda de prensa realizada el miércoles, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusó al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, de ser los autores intelectuales del ataque a los estudiantes. Ahora los dos son prófugos de la justicia.

Las investigaciones del caso evidencian los vínculos que existen entre los Guerreros Unidos y varias alcaldías del estado de Guerrero, que implican a funcionarios de la administración pública y a policías municipales. Murillo precisó que la emboscada a los estudiantes fue para evitar que entorpecieran la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, responsable del órgano de defensa de la familia en la ciudad.  El procurador afirmó que los narcotraficantes entregaban periódicamente entre 2 y 3 millones de pesos mexicanos (148.000 y 222.000 dólares) a las autoridades municipales; dinero con el que pagaban la nómina de la policía.

El periodista mexicano José Reveles, especializado en temas de seguridad y crimen organizado, dijo que el caso de Iguala es una muestra más de lo que el experto Edgardo Buscaglia llama “feudalización” o toma del poder fáctico por grupos criminales mediante amenazas o sobornos. “Hay regiones del país donde no existe, en la práctica, el gobierno local, que solamente administra miserables recursos y permite que la delincuencia organizada nombre al jefe de seguridad e inclusive pague la nómina de policías corruptos al servicio de los intereses del crimen”, afirmó Reveles.

Desde la desaparición de los estudiantes, la policía de Iguala fue intervenida y 52 personas han sido detenidas, entre ellas funcionarios municipales y miembros del cártel. La investigación reveló la existencia de nueve fosas clandestinas con por lo menos 30 cuerpos. Las autoridades negaron que se trate de los jóvenes desaparecidos. Realizan una segunda autopsia para determinar la identidad de las víctimas.

Fijan plazo. El miércoles miles de mexicanos marcharon en varias ciudades para exigirle al gobierno de Enrique Peña Nieto que encuentre con vida a los estudiantes. El presidente repudió el hecho e insistió en que la prioridad de su gobierno es encontrar a los desaparecidos.

Luego de la marcha en Ciudad de México, familiares de los estudiantes fijaron un plazo de dos días, que vence hoy, para que sus hijos sean presentados con vida. “Nomás dos días vamos a dar, si no que se atengan a las consecuencias”, advirtió Rafael, padre de uno de los jóvenes,citado por la BBC.

Si los estudiantes no aparecen las protestas continuarán, que en las últimas horas se han tornado violentas. Pero la esperanza de encontrar con vida a los chicos ha sido trastocada por las declaraciones del sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos de los inmigrantes, quien afirmó que testigos le han informado que algunos jóvenes fueron asesinados y quemados.

Ayer el padre se reunió con el procurador general de la República para presentar una declaración oficial. Aseguró que instará a sus informantes para que declaren a las autoridades.

Cronología
26/09
. Desaparecen 43 estudiantes en la localidad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, luego de que un grupo de policías los subieron en patrullas.
07/10.
La seguridad de Iguala pasó a manos de las fuerzas de seguridad federales, que además participan en las tareas de búsqueda de los jóvenes.
08/10.
Empezaron las protestas masivas para exigir la aparición de los estudiantes. En respuesta a una convocatoria realizada por redes sociales, marcharon en Argentina, España, Bolivia, Estados Unidos, Alemania, Noruega e Inglaterra.
18/10 Autoridades capturan a Sidronio Casarrubias Salgado, líder máximo del cártel Guerreros Unidos.
21/10. Representantes del gobierno se reunieron en el aeropuerto de Acapulco con los familiares de los estudiantes.
22/10. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karma, aseveró que el alcalde de Iguala y su esposa son los autores intelectuales de la desaparición, y agregó que Guerreros Unidos financiaba la alcaldía.

El Dato
El martes un grupo de estudiantes se concentró en la Universidad  Central de Venezuela para exigir la aclaración del caso de los estudiantes mexicanos desaparecidos en Iguala.