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"Desalojos forzosos están prohibidos"

Guadalupe Marengo, directora Adjunta para las Américas de AI

Guadalupe Marengo, directora Adjunta para las Américas de AI

Amnistía Internacional sentenció que el cierre de frontera arrasó con los derechos humanos y recuerda las premisas de los tratados suscritos por Venezuela

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Tras el cierre de la frontera colombovenezolana ordenado por el presidente Nicolás Maduro, Amnistía Internacional denunció que en la zona se ha creado una crisis humanitaria, pues la medida ­que pretendía atacar el contrabando­ arrastró los derechos humanos de las personas en la frontera.

Aunque el defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que el gobierno venezolano vigila que la Guardia Nacional Bolivariana actúe con respeto de los derechos fundamentales, la Defensoría colombiana ha registrado más de 1.000 denuncias de abandono de familiares, maltrato físico y verbal de militares venezolanos, destrucción de viviendas, despojo de pertenencias en los desalojos y retención de documentos.

La Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU en Colombia informó que unos 1.088 colombianos han sido deportados y 4.260 colombianos "retornados de forma espontánea".

De acuerdo con Guadalupe Marengo, directora Adjunta para las Américas de AI, la mayoría de los afectados no ha podido impugnar el desalojo ni se les ha dado derecho a un proceso justo y transparente. En silencio, estas personas han tenido que dejar a sus seres queridos al otro lado de la valla de púas construida por la guardia.

--¿De qué forma el cierre de la frontera ha afectado a los venezolanos y colombianos? --En Amnistía Internacional hemos recibido información de que personas de origen colombiano han sido desalojadas forzosamente, lo que es una violación grave de los derechos humanos. Hemos recibido información de que en esos operativos de expulsión grupos familiares han sido separados y que eso ha resultado, en algunos casos, en niños abandonados en Venezuela, después de la expulsión de sus padres a Colombia.

Es de suma preocupación que si ahora la frontera está cerrada esos niños no tengan la posibilidad de reencontrarse con sus padres y familiares.

--¿Son deportaciones o desalojos forzosos?
--Los desalojos forzosos están prohibidos bajo los tratados internacionales de derechos humanos de los que Venezuela es parte. Esta protección se aplica a todas las personas vulnerables, independientemente de su nacionalidad o título de propiedad. Para la deportación hay reglas. No pueden llegar un día y sacarlos a la fuerza, sino que debe haber un proceso informado.

El problema aquí es la rapidez y brevedad con la que los están sacando (a los colombianos), sin oportunidad de apelar. Para que te saquen así debes estar cometiendo un crimen o deben tener una orden de arresto.

Es decir, ¿quién comprobó que ellos eran los contrabandistas o los ilegales? ¿Cuándo se inició el proceso? ¿O los sacaron porque alguien les dijo que allí había colombianos? No porque tengo acento colombiano me pueden venir a sacar así. Es un proceso discriminatorio.

-- ¿Es una crisis humanitaria? --Sí, es una crisis humanitaria porque han sacado a miles de personas violentamente. Tenemos conocimiento de que las fuerzas de seguridad (a los colombianos) los golpean y los pasan a la frontera. A veces no los dejan llevar sus cosas y destruyen sus casas. Algunos han tenido que salir antes de que los saquen a la fuerza porque les da miedo. El resultado ha sido que familias se han separado y niños han quedado abandonados.

Es una tragedia humana.

--¿AI ha podido comprobar el estado de los deportados? --Lo que sabemos es que de acuerdo con recientes declaraciones a la prensa del gobernador del estado Táchira, desde el 21 de agosto se habrían deportado por lo menos unas 1.000 personas a Colombia. Pero no hemos podido constatar los nombres o la nacionalidad, ni hacia a dónde se han dirigido. Sin embargo, según las denuncias recibidas por AI, las personas deportadas habrían sido detenidas en operativos de la Fuerza Armada venezolana y expulsadas a Colombia sin oportunidad de impugnar su expulsión o sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias.

--¿Quién protege a estas personas? --Los procedimientos de expulsión o deportación deben contener todas las salvaguardas previstas en los instrumentos legales internos y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. Como por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre los Derechos del Niño; y los estándares de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que protegen a las mujeres.

--¿Quién se asegura de que eso se cumpla? --El Estado venezolano debe asegurarse de que los casos de las personas cuya expulsión o deportación se está considerando sean examinados individualmente mediante un procedimiento justo y transparente en el que puedan impugnar la expulsión y lograr revisión de sus casos. Si el gobierno tiene indicios de criminalidad, puede deportar, pero no a expensas de los derechos humanos.