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Derogar Ley de Amnistía: ¿Avance o jugada política?

Protestas durante la 41 conmemoración del golpe de Estado contra Allende | Foto Cortesía Venezuela al Día

Protestas durante la 41 conmemoración del golpe de Estado contra Allende | Foto Cortesía Venezuela al Día

Michelle Bachelet anunció el jueves que pretende anular la norma promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1978

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En el aniversario 41 del golpe de Estado de 1973, la presidente Michelle Bachelet anunció que derogará la Ley de Amnistía que fue promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet y que permitió que los responsables de los crímenes cometidos durante el gobierno militar quedaran impunes. El anuncio causó controversia. Para algunos revertir esta legislación podría convertirse en un avance inédito en materia de derechos humanos en ese país. Otros consideran que existe el riesgo de que la iniciativa se convierta en un riesgo político para la mandataria.

“No se abren heridas si no han cerrado”, expresó el abogado Héctor Faúndez Ledesma, experto en derechos humanos, quien considera que en Chile las lesiones de la dictadura no han cicatrizado. Señaló que a diferencia de otras leyes de amnistía como la de España, en Chile se trata de una ley heredada de la dictadura de Pinochet.

“Es una ley de autoamnistía que a su vez resulta incompatible con los tratados internacionales”, expresó.

Felipe de Mussy, diputado de Chile por la Unión Demócrata Independiente, opina que la propuesta de Bachelet significa volver atrás. Agregó que se debe evitar que se cometan más violaciones de derechos humanos, como sucedió en el país desde los años 70 hasta los 90, pero sostuvo que derogar la ley contribuye a deteriorar el trabajo en conjunto que se ha hecho para que ese país continúe sanando las heridas. “En Chile corremos el grave riesgo de usar el pasado para obtener crédito político”, aseguró el diputado.

Patricio Navia, politólogo chileno, dijo que a Bachelet le conviene derogar la ley en este momento porque su gobierno se encuentra a la defensiva como resultado de una situación económica desfavorable y debido a que la gente está preocupada por el atentado terrorista que sucedió a comienzos de la semana pasada en Santiago.

“Bachelet pudo hacerlo en su primer gobierno (2006-2010), cuando su coalición también tenía mayoría en ambas cámaras y pudo votar a favor de anular la ley de amnistía, pero lo hace ahora porque quiere ponerle presión a la derecha, que está liderada por personas que no estuvieron asociadas a la dictadura militar”, advirtió Navia.

Faúndez añadió que las consecuencias que podría sufrir el gobierno de Bachelet con una nueva normativa en materia de amnistía serían las oposiciones de parte del estamento militar “que todavía es muy fuerte” y de la ultraderecha. Expresó que aún así la mandataria lo impulsará porque es un compromiso electoral compatible con las obligaciones internacionales asumidas por Chile.

El Ejecutivo pedirá suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley de amnistía que existe en el Congreso desde 2006. La iniciativa deberá ser debatida en el Congreso, pero es muy probable que se apruebe dada la mayoría que Bachelet tiene en ambas Cámaras.
 

Conmemoración terminó en protestas. La conmemoración de los 41 años del golpe contra Salvador Allende terminó con violentos disturbios en 7 comunidades de Santiago. Como resultado de las protestas hubo 6 agentes heridos, uno de ellos por un balazo en el pie derecho, y 10 manifestantes detenidos. Para algunos aquel 11 de septiembre marcó el inicio de una dictadura que causó 3.200 muertos y 38.000 torturados.

Impulsan acuerdos tributarios. La presidente de Chile, Michelle Bachelet, inició ayer una breve visita oficial a Uruguay en la que firmará acuerdos de intercambio de información tributaria y de documentación sobre violaciones a los derechos humanos. Bachelet llegó a Montevideo y fue recibida por su par de Uruguay, José Mujica, con quien tiene programado suscribir un memorando de intercambio de documentación sobre graves violaciones a los derechos humanos, similar al firmado recientemente con Argentina y Brasil, un acuerdo de intercambio de información tributaria y una declaración conjunta en materia de cooperación para el desarrollo.