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Denuncian ante la CIDH abusos hacia los trabajadores del campo en EE UU

Kerry Kennedy, hija del asesinado Robert Kennedy, aseguró que a los empleados se les exige semanas de 70 a 80 horas, le dan un alojamiento atroz y les niegan un día libre a la semana

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Defensores de los derechos humanos denunciaron hoy ante la CIDH la discriminación en sus derechos laborales y los abusos que sufren los trabajadores del campo en EE UU, sobre todo los hispanos y las mujeres y los niños.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), miembros del Centro Robert F. Kennedy (RFK) y antiguos trabajadores del campo aseguraron que quienes laboran en el sector agrícola "están exentos de las protecciones laborales garantizadas en Estados Unidos", lo que les expone a serios abusos.

"Hoy existe un incentivo económico para abusar a los trabajadores, exigir semanas de 70 a 80 horas, ofrecer un alojamiento atroz y negar a los empleados un día libre a la semana", indicó Kerry Kennedy en un testimonio escrito que leyó en la audiencia un abogado del Centro RFK.

En su escrito, la hija del asesinado Robert Kennedy indicó que "de los dos millones de empleados que se estima trabajan en las granjas y cosechas de Estados Unidos, "unos tres cuartos son de origen mexicano, dos tercios son inmigrantes y la mitad son indocumentados", según los datos del Centro RFK.

Kennedy aseguró que ha visitado decenas de granjas en el estado de Nueva York en las que "los trabajadores nunca tienen más de cuatro horas libres seguidas y si intentan formar un sindicato, pueden ser despedidos", además de compartir espacios mínimos de vivienda con otros empleados.

Miles de niños menores de dieciocho años trabajan en las cosechas del país, afectados por la "falta de prohibición del trabajo infantil en el sector agrícola", en condiciones que "amenazan su salud, su bienestar y su derecho a la educación", agregó.

Las mujeres "enfrentan niveles desproporcionadamente altos de abuso sexual y físico" que "rara vez denuncian, por miedo de represalias y deportación".

Michael Hancock, representante del Departamento de Trabajo, reconoció en la audiencia que "algunos de los trabajadores más vulnerables y con salarios más bajos" del país están el sector agropecuario.

Hancock afirmó, sin embargo, que el Gobierno aplica los derechos laborales a todos los trabajadores, "documentados o indocumentados" y, entre otras medidas, ha ampliado el número de inspectores de trabajo bilingües.

Para Lucas Benítez, un trabajador presente en la audiencia, el problema está en que esos investigadores "anuncian sus visitas" y permiten así que los patrones obliguen a "mentir" a sus empleados.

Librada Paz, una inmigrante que trabajó en el campo durante años y ahora es activista de la organización Rural Migrant Ministry, señaló por su parte que existe un "riesgo extremadamente alto de violencia sexual y acoso" para las mujeres.

"A mí me ocurrió, y entiendo que no se atrevan a denunciar. Yo era nueva en este país, y sólo sentía vergüenza y miedo", afirmó Paz, quien denunció la "falta de supervisión" de las autoridades.

Los peticionarios solicitaron que la CIDH visite los estados con más volumen de trabajo agrícola para examinar las condiciones de los migrantes, una idea a la que la Comisión se mostró dispuesta y que los representantes del Estado se comprometieron a facilitar.

Según el exsecretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón, que ahora trabaja en el Centro Robert Kennedy, la audiencia evidenció que "hace falta un esfuerzo mucho más grande por parte del Estado", aunque valoró la "apertura" del Gobierno a permitir una visita de la Comisión.