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Demócratas de EE UU apoyan ante el Supremo las medidas migratorias de Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se sumó a las críticas a los premios Oscar.- Foto: AP

Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio del país | Foto: AP

Entre los firmantes de este acuerdo están la líder de la Minoría Demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder de la Minoría Demócrata en el Senado Harry Reid

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Un total de 223 legisladores demócratas de EE UU , entre los que se encuentran sus principales líderes en el Congreso, presentaron hoy un documento ante el Tribunal Supremo en el que defienden la legalidad de las medidas migratorias impulsadas por el presidente Barack Obama a través de medidas ejecutivas.

Entre los firmantes de este "amicus curiae", a cuyo texto tuvo acceso EFE, se encuentran la líder de la Minoría Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la Minoría Demócrata en el Senado, Harry Reid, quienes defendieron las medidas ejecutivas de Obama en materia migratoria al considerar que están "autorizadas" por la ley.

"Las acciones ejecutivas sobre inmigración del presidente Obama caen dentro de los precedentes constitucionales y legales establecidos por cada presidente republicano y demócrata de los Estados Unidos desde (Dwight) Eisenhower," indicaron Pelosi y Reid en un comunicado adjunto al documento.

"De hecho, debido a la inacción del Congreso estadounidense, los presidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush tomaron acción para proteger a los cónyuges e hijos de personas que recibieron estatus legal bajo la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986", matizaron los legisladores progresistas.

La presentación del "amicus curiae", un texto de apoyo a una causa en litigio aportado por un tercero, se produce más de un mes antes de que la máxima corte judicial de EE UU escuche los argumentos sobre el caso de las medidas ejecutivas de Obama en inmigración el próximo 18 de abril.

Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito del Partido Republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados priorizando "la deportación de criminales, y no la de las familias", según Casa Blanca.