• Caracas (Venezuela)

Mundo

Al instante

Defensoría de Colombia pide protección "urgente" para periodistas amenazados

Defensor del pueblo colombiano, Jorge Otálora/ EFE

Defensor del pueblo colombiano, Jorge Otálora/ EFE

Ocho periodistas fueron amenazados durante el pasado fin de semana

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Otálora, solicitó a las autoridades que tomen medidas "urgentes" para proteger a los periodistas amenazados en el país después de que ayer se conociese que ocho comunicadores han sido declarados "objetivo militar" por una banda criminal.

Se trató de un panfleto firmado por "Los Urabeños" contra ocho periodistas que trabajan en Cali (suroeste) y la ciudad portuaria de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, como corresponsales de Caracol Radio, Q'Hubo Radio, El Tiempo y el Noticiero Más Pacífico de Telepacífico.

Ellos se unen a otros dos comunicadores amenazados días antes por la banda criminal "Los Rastrojos", una advertencia que fue denunciada a nivel internacional por Reporteros Sin Fronteras (RSF), desde su sede en París.

Otálora se sumó hoy a esta organización a la hora de pedir una investigación sobre dichas advertencias y solicitó además "tomar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad y la vida de los comunicadores", indicó la Defensoría en un comunicado.

El funcionario destacó que entre enero y agosto de este año la institución ha tenido conocimiento de 93 casos de periodistas amenazados, lo que suponen 51 amenazados más que los registrados en todo 2013.

Además, sostuvo que "lo más preocupante" es que de ese total, 56 periodistas "fueron clasificados con un nivel de riesgo extraordinario por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP)", la entidad estatal encargada de proteger a los amenazados en Colombia.

A juicio de Otálora, uno de los factores que ha contribuido a este aumento es la acción de los grupos armados ilegales "conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas", que tuvo lugar en 2006 bajo el Gobierno de Álvaro Uribe.

El Defensor criticó que las medidas de protección que se aplican a muchos de los amenazados, consistentes en "servicios de telefonía móvil o rondas policiales" no garantizan su protección, y que el plazo de "30 días hábiles para evaluar el nivel de riesgo" que sufren "resulta muy prolongado".