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Defensa de Rousseff insiste en su inocencia

En su escrito, Dilma Rousseff dejó advertencias ominosas sobre la marca que quedará en la historia si es destituida | Foto EFE

Foto: EFE

En los alegatos finales, el equipo de abogados insiste que Dilma Rousseff es inocente de cargos de corrupción

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La defensa de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones por un juicio político, entregó hoy al Senado sus alegatos de conclusión, en los que insiste en que no cometió delitos que justifiquen su destitución. 

Los alegatos finales fueron entregados por José Eduardo Cardozo, quien representa a la mandataria, a la comisión del Senado a cargo del juicio político, que la próxima semana retomará sus audiencias.

En el documento, de unas 500 páginas, Cardozo insiste en que la presidenta no cometió ningún "crimen de responsabilidad", que es como la Constitución brasileña define las situaciones que pueden provocar la destitución de un mandatario. 

Rousseff está acusada de delitos en el manejo de los presupuestos y de haber emitido decretos que alteraban el gasto público sin la debida autorización del Congreso, lo que, según sostiene la defensa, fueron meras "faltas administrativas" en las que incluso incurrieron otros gobernantes.

Los alegatos presentados por Cardozo poco agregan a lo que la propia defensa ha argumentado durante todo el proceso instaurado el pasado 12 de mayo, cuando Rousseff fue suspendida y sustituida por su entonces vicepresidente, Michel Temer.

Sobre Temer, Rousseff ha dicho una y otra vez que fue uno de los "arquitectos" del "golpe", como define el proceso y sostiene que por eso mismo carece de "toda legitimidad" para ejercer el poder. 

Uno de los argumentos nuevos es un informe de la Fiscalía, que considera que los cargos imputados a Rousseff no constituyen delitos penales, aunque sí pudieran suponer un "abuso de poder" o una "falta de probidad administrativa". 

Otro de los puntos de la defensa reitera la tesis de que el inicio del proceso estuvo en una "venganza" del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien aceptó a trámite las acusaciones en diciembre y renunció al cargo este mismo mes acusado de corrupción.