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Defensa de hermana del rey de España pide anular acusación por vulneración de derechos

La infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 11 de enero | Foto: EFE

Este lunes empezaron los procedimientos judiciales contra la hermana del rey Felipe VI | Foto: EFE

La infanta Crsitina de Borbón y su esposo Iñaki Urdangarín fueron acusados por el presunto desvío de 6.6 millones de dólares

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El abogado defensor de la infanta Cristina -hermana de Felipe VI-, Jesús María Silva, solicitó hoy la nulidad de la acusación por la que se sienta en el banquillo porque se están vulnerando sus "derechos fundamentales".

Cristina de Borbón está acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido, Iñaki Urdangarín, en el denominado Caso Nóos, que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de 6.6 millones de dólares de fondos públicos.

En el turno de cuestiones previas con el que se inició el juicio ante la Audiencia de Palma de Mallorca (en las Islas Baleares), Silva subrayó que reclama la exoneración de la infanta por la "jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo" español en sucesivos pronunciamientos.

El letrado subrayó que el grupo Manos Limpias, acusación popular en la causa, no está legitimada para mantener en solitario la imputación de Cristina de Borbón si no la secundan ni la Fiscalía ni acusaciones particulares.

Según explicó, el auto de apertura de juicio oral vulnera el derecho fundamental a la defensa de la hermana del rey, por lo que debe ser anulado.

Silva citó a varios prestigiosos penalistas para calificar el encausamiento sostenido en solitario por una acusación popular como "una de las peores pesadillas" de los teóricos del Derecho.

Indicó que, además del fallo del Tribunal Supremo que exoneró de acusación al banquero español Emilio Botín en 2007, hay pronunciamientos posteriores del mismo órgano que confirman y precisan la misma jurisprudencia en este sentido.

Además, el letrado enfatizó que el Tribunal Supremo español ha planteado expresamente que este principio es "vinculante para todos los órganos de la jurisdicción".