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Vicepresidente argentino no dice nada de posible exclusión de cargos públicos

Lo acusan de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos

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El vicepresidente argentino Amado Boudou defendió el miércoles la voluntad de pago de Argentina en el caso de los tenedores de deuda, pero guardó silencio sobre el procesamiento judicial que lo podría excluir para siempre de cualquier cargo público.
 
El vicepresidente encabezó un acto oficial por el Día de la Independencia en el que reemplazó a la presidenta Cristina Fernández, quien se encuentra en reposo por una faringolaringitis severa.
 
"El colonialismo no sólo tiene forma política, también tiene formas económicas que aún subsisten en el mundo moderno'', enfatizó Boudou y destacó la labor del ministro de Economía Axel Kicillof, quien encabeza las mediaciones en Nueva York para hallar un acuerdo con los tenedores de bonos en cese de pagos. 
 
Agregó que "los ministros de otros gobiernos iban a sacarse las fotos en la alfombra roja y hoy tenemos un ministro que va a plantear las necesidades del país, a decir que tenemos voluntad de pago pero que no lo vamos a hacer a cuestas del pueblo''.
 
Boudou fue procesado recientemente por los delitos de cohecho pasivo -recibir sobornos- y negociaciones incompatibles con la función pública por una maniobra para adueñarse de la única empresa dedicada a la impresión de billetes de curso legal y así luego favorecerse con jugosos contratos del Estado.

Hasta ahora la presidenta no se ha pronunciado sobre la resolución judicial que afecta a su segundo en la línea sucesoria.

Boudou es el primer vicepresidente en ejercicio en ser procesado en la historia de Argentina. Si fuera declarado culpable en un juicio oral podría recibir una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
 
En un extenso fallo, el juez federal Ariel Lijo concluyó que Boudou junto con un socio y amigo "hizo uso de su condición de alto funcionario público para adquirir el 70% de la calcográfica Ciccone, que luego contrataría con el Estado Nacional -al que él representaba y actualmente aún representa- para la impresión de papel moneda de curso legal''.
 
Boudou insiste en su inocencia y asegura que es víctima de una maniobra de grupos económicos concentrados que vieron afectados sus intereses por las políticas populistas del gobierno de Fernández.
 
El vicepresidente también enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito y otra por supuesta falsificación de documentos de un vehículo.