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CorteIDH estudia casos de conflicto de Ecuador y Bolivia

En el recinto de Plaza Mayor de Medellín supuestas víctimas denunciaron el maltrato recibido por funcionarios de migración de Bolivia, tras hacer una solicitud de refugio en ese país del que fueron expulsados el 24 de febrero de 2001

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que delibera en la ciudad colombiana de Medellín, analizó el caso de un supuesto cese arbitrario de ocho vocales del Tribunal Constitucional de Ecuador, así como el de una negación de asilo en Bolivia de una familia peruana.

En el caso ecuatoriano la CorteIDH, tras escuchar los alegatos de los representantes de la supuestas víctimas, así como de los del Estado ecuatoriano, aseguro que cada parte tiene hasta el 19 de abril próximo para presentar por escrito sus alegatos, después de lo cual tendrá todos los elementos para pronunciarse y dictar una sentencia final sobre este caso.

"La Corte ha escuchado atentamente este caso sobre independencia judicial y mecanismos de control, y tiene elementos valiosos para tomar una decisión", afirmó el presidente de la Corte, Diego García-Sayán.

El 25 de noviembre de 2004, ocho vocales del Tribunal Constitucional fueron destituidos por una resolución del Congreso, un hecho no previsto ni en la Constitución ni en la ley de Ecuador, lo que supuestamente afectó el principio de independencia judicial, según los magistrados.

Uno de los representantes de los vocales, Ramiro Valdivia, dijo ó en la audiencia pública que "no contaron con garantías procesales, ni con la posibilidad de defenderse en relación con la cesación, y no existieron garantías procesales en la segunda votación de juicio político".

En tanto que el representante del Estado ecuatoriano, Carlos Espín, respondió que no existen violaciones a los derechos en este caso.

"El Estado no viola los derechos, existen pruebas y evidencias incorporadas en los expedientes que así lo comprueban", remarcó.

Tras escuchar el primer caso y luego de un receso, esta corte, que depende del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), se tomó el tiempo para escuchar el segundo caso del día relacionado con una familia de refugiados peruanos en Bolivia.

En el recinto de Plaza Mayor de Medellín las supuestas víctimas denunciaron el maltrato recibido por funcionarios de migración de Bolivia, tras hacer una solicitud de refugio en ese país del que fueron expulsados el 24 de febrero de 2001.

Durante la audiencia Rumaldo Juan Pacheco y su esposa Fredesvinda Tineo, expresó su malestar por el trato que les dieron los servicios de migración bolivianos e incluso se quejó de que durante el trámite de rechazo del estatus de refugiados no les garantizaran la protección judicial y humanitaria a sus tres hijos menores.

Pacheco explicó que un incidente jurídico con el Gobierno del entonces presidente peruano Alberto Fujimori, derivó en una orden de captura en su contra.

"Por esta situación en 1991 ingresé a Bolivia, con algunos documentos y solicité refugio, y fuimos admitidos en 1996, pero nunca se nos hizo entrega de esa resolución. Desde que ingresamos a Bolivia no tuvimos ningún apoyo, siempre nos sentimos como encarcelados pero en una gran ciudad", relató Pacheco.

Tras escuchar a las víctimas, los siete jueces que conforman la CorteIDH que está en la capital de Antioquia, dieron paso a la versión del que había sido uno de los funcionarios del Servicio de Migración de Bolivia en el tiempo en el que la familia Pacheco pidió refugio, Juan Carlos Molina.

El funcionario en sus declaraciones negó la versión de la familia Pacheco Tineo.

"Las circunstancias de la expulsión de los esposos Pacheco se dio porque se encontraban en territorio nacional de forma ilegal, y porque habrían ingresado a Bolivia sin controles migratorios en Perú y Bolivia", comentó Molina.

Molina agregó que "por normas internas las personas irregulares o ilegales, son devueltas al país por donde habían ingresado".

Las alegaciones de este caso se escucharán en la mañana de este miércoles según los confirmó la CorteIDH.