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Corte Penal Internacional reafirma su competencia para juzgar a hijo de Gadafi

Foto de archivo tomada el 11 de febrero de 2008 del Saif el Islam Gadafi a su llegada a la gala benéfica Cine por la Paz en Berlín / EFE

Foto de archivo tomada el 11 de febrero de 2008 del Saif el Islam Gadafi a su llegada a la gala benéfica Cine por la Paz en Berlín / EFE

La organización subraya que el Estado libio "sigue afrontando dificultades sustanciales a la hora de ejercer plenamente sus poderes judiciales en todo el país"

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La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó hoy el recurso interpuesto por Libia para que el alto tribunal de La Haya no juzgue a Seif el Islam, hijo del fallecido dictador Muamar el Gadafi.

La Sala Primera de Instrucción de la CPI concluye que "no se ha demostrado lo suficientemente que la investigación nacional (libia) cubra el mismo caso que está ante la corte", que acusa a Seif el Islam de crímenes contra la humanidad, asesinato y persecución presuntamente cometidos en Libia entre el 15 y el 28 de febrero de 2011.

La CPI reconoce el "importante esfuerzo" de Libia por reconstruir las instituciones y restaurar el Estado de derecho, pero subraya que el Estado libio "sigue afrontando dificultades sustanciales a la hora de ejercer plenamente sus poderes judiciales en todo el país".

En este sentido, subraya que las autoridades libias "no han sido capaces de garantizar la transferencia de Seif el Islam a la custodia del Estado desde su lugar de detención en Zintan y sigue habiendo impedimentos para obtener las pruebas necesarias, así como para asegurar la representación legal" para defender al hijo de Gadafi o reunir los testimonios necesarios.

Libia presentó el recurso en el que cuestionaba la admisibilidad del caso ante la CPI el 1 de mayo de 2012, por lo que el alto tribunal decidió otorgar a Libia un aplazamiento para la entrega de El Islam hasta que la Sala Primera decidiera sobre el asunto.

En su recurso, las autoridades libias alegaron que hay en marcha una investigación contra el acusado desde su arresto el 19 de noviembre de 2011 que cubre los mismos hechos y comportamientos que los que figuran en la orden de detención de la CPI y es, incluso, más amplia que las pesquisas de La Haya.

Trípoli indicó además que, aunque la legislación libia no aborda crímenes internacionales, tales como crímenes contra la humanidad, asesinato y persecución, los delitos imputados a El Islam son suficientes para cuestionar la admisibilidad del caso ante la CPI y existe un amplio rango de pruebas en su contra.

Algunos de los crímenes presuntamente cometidos por el hijo de Gadafi conllevarían eventualmente la pena de muerte, señala el alto tribunal de la ONU en su dictamen, en el que explica que Libia sugirió su voluntad y su capacidad de llevar a cabo la investigación, aunque aseguraba que necesita más tiempo.

La CPI concluye que Libia ha iniciado una investigación de aspectos del caso como la movilización de milicias, fuerzas y equipamiento militares, los acontecimientos en la ciudad de Bengasi el 17 de febrero de 2011, la detención de periodistas y activistas y la recopilación de escuchas telefónicas.

Sin embargo, en su conjunto ello no permite afirmar que Libia esté investigando el mismo caso que la CPI, que se centra en el uso por parte de El Islam de su control sobre partes relevantes del aparato estatal libio y sobre las fuerzas de seguridad para impedir y reprimir, con "todos los medios", incluido el uso de la fuerza letal, manifestaciones de civiles contra el anterior régimen.

La CPI acusa a El Islam de haber "activado" a las fuerzas de seguridad bajo su control para "asesinar y perseguir a cientos de manifestantes civiles o presuntos disidentes del régimen de Gadafi en toda Libia y en particular en Bengasi, Misrata, Trípoli y otras ciudades vecinas, entre el 15 y 28 de febrero de 2011.

En su decisión, el alto tribunal de La Haya recuerda a Libia su obligación de entregar al acusado al alto tribunal de la ONU, aunque las autoridades libias pueden recurrir el dictamen o presentar otra solicitud de inadmisibilidad en virtud de un artículo del Estatuto de Roma, la carta fundadora de la CPI.