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La Corte Constitucional de Colombia tumba la reforma al fuero penal militar

Según una declaración del máximo tribunal constitucional del país, en la sesión plenaria de hoy "la Corte declaró inexequible la reforma constitucional al fuero penal militar"

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La Corte Constitucional de Colombia declaró hoy inconstitucional la ley que reformó el fuero penal militar, fuertemente criticada porque supuestamente abría el camino a la impunidad en delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

Luego de estudiar las demandas contra esta ley, la Sala Plena de la Corte aprobó por 5 votos a favor y 4 en contra la ponencia del magistrado Nilson Pinilla en el sentido de que el acto legislativo, aprobado en diciembre de 2012, no se ajusta a la Constitución.

Según una declaración del máximo tribunal constitucional del país, en la sesión plenaria de hoy "la Corte declaró inexequible la reforma constitucional al fuero penal militar".

La reforma al fuero pone en manos de la Justicia Penal Militar los casos por infracciones al Derecho Internacional Humanitario y deja al sistema ordinario los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento.

La Corte argumentó "vicios de trámite" en el acto legislativo que aprobó los cambios en el fuero penal militar.

El máximo tribunal constitucional del país dijo que constató que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes "sesionó irregularmente durante el quinto debate" al que fue sometida la iniciativa.

Según la Corte Constitucional, con la aprobación de la reforma al fuero penal militar se violaron los artículos 116, 152 y 221 de la Carta Magna.

La ley que reformó el fuero penal militar fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2012 y a mediados de este año se dio luz verde a la ley estatutaria que reglamenta esta norma.

Distintos sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos criticaron con dureza en su momento la polémica ley porque consideraron que abría paso a la impunidad en crímenes cometidos por militares en el conflicto armado colombiano.

Entre los críticos de este modelo de Justicia Penal Militar impulsado por el Gobierno colombiano están las Naciones Unidas y la ONG Human Rights Watch, que argumentan supuestas inconsistencias en la adjudicación de los casos al tribunal correcto.