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Correa asegura no le quita el sueño el informe de HRW

Rafael Correa / AFP

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"No voy a poder dormir, ya vamos a pedir la derogación de la Ley de Comunicación porque la solvencia moral de Human Rights Watch es incontestable", ironizó el mandatario ecuatoriano 

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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo hoy que no le quita el sueño el informe de Human Rights Watch (HRW) que señala que la Ley de Comunicación del país contiene "disposiciones poco precisas" y "regula a los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa".

"No voy a poder dormir, ya vamos a pedir la derogación de la Ley de Comunicación porque la solvencia moral de Human Rights Watch es incontestable", ironizó Correa en un encuentro con la prensa extranjera en el que consideró que se debe decir "basta de tantos ídolos con pies de barro".

HRW es libre de cuestionar pero "aquí encontrarán siempre respuesta", comentó Correa, quien considera que el poder mediático es uno de los "más grandes del mundo".

En su opinión, la sociedad tiene "el derecho y el deber" de controlar los poderes político, mediático, económico y religioso, entre otros, y subrayó que para eso son las leyes.

Recordó que el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas la necesidad de una Ley de Comunicación para "regular ese poder inmenso que es el mediático".

"Como ya no tienen inmunidad, patente de corso para hacer lo que les da la gana, por supuesto tiene que activar el 'lobby' internacional y tener sus ongs, sus corifeos, etcétera denunciando cualquier barbaridad", apuntó.

En el capítulo de Ecuador del informe anual divulgado ayer, HRW se muestra especialmente crítica con la situación de la libertad de expresión y dice que la citada ley "contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura".

Asegura que "Correa continúa empleando el derecho penal sobre difamación para perseguir a críticos".

HRW también muestra su preocupación porque, a su juicio, "durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política".

Además, el informe asegura que el "Código Penal contiene disposiciones excesivamente amplias sobre sabotaje y terrorismo, que en numerosas oportunidades han sido aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos públicos de protesta y otras convocatorias".

También señala que las autoridades han intentado "reiteradamente desacreditar a defensores de derechos humanos acusándolos de procurar desestabilizar al Gobierno".

Sobre las mejoras en temas de derechos humanos, el informe pone de relieve que "las acciones encaminadas a juzgar a los responsables de graves violaciones cometidas por autoridades gubernamentales entre 1984 y 2008 consiguieron avances notables durante 2013".