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La responsabilidad de proteger

La guerra en Siria vuelve a abrir el debate sobre la justificación legal internacional del uso de la fuerza en defensa de civiles

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La crisis en Siria ha vuelto a despertar el debate de si, en el ámbito del derecho internacional, cabe la posibilidad de intervenir en un país para salvaguardar a sus ciudadanos de un poder que vulnera los derechos humanos. Hasta los años 90 del siglo pasado, el único argumento para una intervención internacional bajo el amparo de Naciones Unidas era tras la autorización del Consejo de Seguridad, como en el caso de la invasión iraquí de Kuwait en 1991 o tras un ataque armado, el argumento usado por EE UU para invadir Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre.

“Esa interpretación ignora que el derecho internacional no puede obligar a un Estado a esperar a un ataque devastador o incluso letal antes de poder actuar para defenderse”, afirmó Louis René Beres, profesor de derecho internacional de la universidad de Purdue, en Estados Unidos. “Y la bien documentada lentitud del Consejo de Seguridad a la hora de activar los mecanismos de seguridad colectiva refuerzan los argumentos en contra de esa interpretación restrictiva”.

Los genocidios en Ruanda y la antigua Yugoslavia impulsaron los mecanismos por los que la comunidad internacional puede actuar contra países que agredan los derechos humanos. Pero la guerra de Irak de 2003 debilitó la legitimidad de estas intervenciones. Las conclusiones de la cumbre de la Asamblea General de la ONU de 2005 afirmaron que el Consejo de Seguridad podría dar su visto bueno a una intervención, inclusive militar, “si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad”.

 “Aun antes de los ataques [de la semana pasada], había pruebas suficientes de que el régimen de Al Assad no está haciendo lo suficiente para proteger a su población”, afirman desde la ONG Coalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger. La ONU ya había dicho que el Gobierno sirio había cometido crímenes de guerra y contra la humanidad. 

El derecho de veto que tienen China y Rusia en el Consejo de Seguridad, hace que sea dudoso que la ONU llegue a sancionar una acción militar contra Damasco.

El enviado especial de la ONU a Siria, Lajdar Brahimi, recordó: “La ley internacional es clara: las acciones militares deben aplicarse tras una decisión del Consejo de Seguridad”. 

El Human Rights Watch señaló: “Si la intervención tiene lugar y el objetivo es dar respuesta al uso de armas químicas contra civiles, el resultado debe ser que no vuelvan a cometerse más atrocidades y que los civiles estén protegidos ante ataques indiscriminados”.