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La Celac pone a Cuba ante el reto de respetar los derechos humanos

El presidente de Cuba, Raúl Castro / EFE

El presidente de Cuba, Raúl Castro / EFE

El régimen de los Castro debe mostrar avances en materia de libertad para la cita de 2014

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Cuando el presidente de Chile, Sebastián Piñera, traspasó la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños al mandatario de Cuba, Raúl Castro, se le impuso también una difícil tarea al recordarle algunas de las funciones inherentes al cargo: “Mantener la unidad, promover el entendimiento, defender la democracia, (y) las libertades”, enumeró Piñera.

Muchos críticos, algunos cubanos en el exilio, se muestran escépticos y plantean que una nación donde no existe la democracia no puede garantizar que se respeten las libertades y los derechos, por lo tanto no puede ejercer el cargo que Castro asumió el 28 de enero en la cumbre de Chile.

Más allá de la polémica, el trabajo que debe hacer la isla es arduo. A pesar de que La Habana señala que en su país hay comicios y que sus gobernantes son elegidos por representantes del pueblo, la Constitución de la nación caribeña establece un sistema unipartidista centrado en el Partido Comunista Cubano. Cualquier otra agrupación puede ser tolerada, pero no puede competir legalmente para lograr el poder. La disidencia es mal vista y las expresiones contra el gobierno de los Castro pueden ser penadas con cárcel.

Amnistía Internacional, en su reporte anual de 2012, señaló que los últimos 11 presos de conciencia de los 75 encarcelados en la llamada Primavera Negra de marzo de 2003 fueron puestos en libertad junto con otros 62 presos políticos. Fue un avance. Sin embargo, la mayoría de ellos no pudo quedarse en la isla y tuvo que marcharse a España o a Estados Unidos con el estatus de asilados políticos.

Son constantes las denuncias contra el régimen quincuagenario de los Castro debido al hostigamiento, intimidación, agresiones verbales y físicas a los opositores. La libertad de expresión también sufre restricciones. Periodistas independientes o activistas por la democracia son sometidos a arrestos domiciliarios y arbitrarios. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Elizardo Sánchez Santacruz, señaló que 6.602 personas fueron detenidas por la represión el año pasado, un promedio de más de 550 aprehensiones al mes.

El derecho a la libre circulación por el territorio nacional cubano se mantiene con limitaciones.

Sin derecho de informar. Las autoridades continuaron restringiendo severamente la libertad de expresión, asociación y reunión, según Amnistía Internacional. La organización señaló que durante el Congreso del Partido Comunista de 2012, en el que se hicieron más de 300 reformas, no se adoptó ninguna resolución que aumentara el disfrute de los derechos civiles y políticos para la población.

En marzo de ese año, con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a la isla, hubo una de las jornadas más intensas relacionadas con encarcelaciones. 1.158 ciudadanos fueron retenidos bajo la amenaza de permanecer presos y ser juzgados si hacían manifestaciones o señalamientos sobre la política durante el viaje del pontífice, señaló la comisión que encabeza Sánchez.

En Cuba existe la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva. El Código Penal establece en su artículo 72: “Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”.

El artículo establece que la conducta antisocial está penada, y como conducta antisocial se describe a quien quebrante las reglas de convivencia social mediante actos de violencia o provocadores, premisa que ha sido usada contra las Damas de Blanco cuando marchan en silencio de la iglesia a sus casas o si intentan reunirse en el hogar de alguna de sus integrantes. Muchas de ellas han sido maltratadas y vejadas.

Reporteros sin Fronteras también describe las limitaciones para la libertad de expresión en Cuba. En su página web señalan el caso de José Antonio Torres, quien fuera corresponsal en Santiago de Cuba del diario oficial Granma y que en julio de 2012 fue condenado a 14 años de cárcel bajo cargos de espionaje. El reportero, que posteriormente fue despojado de su título universitario de comunicador social, fue arrestado en 2011 por publicar informes sobre la instalación del cable de fibra óptica entre Venezuela y Cuba, que recientemente empezó a funcionar en pocas zonas de la isla como hoteles para extranjeros.

A partir de ahora Cuba tiene un año para demostrarle a la Celac que las violaciones de los derechos humanos y las libertades civiles son cosas del pasado.