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La Casa del Rey de España estará sometida a la Ley de Transparencia

La medida será debatida con todos los grupos políticos españoles. Fuentes aseguraron que la misma institución monárquica pidió hace dos meses someterse a la Ley

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La Casa del Rey de España abrió hace dos meses conversaciones con el Gobierno para concretar su sometimiento a la nueva Ley de Transparencia, una iniciativa que el Ejecutivo debatirá con los grupos políticos y con la que se le aplicará un régimen similar al del Parlamento o el Poder Judicial.

Fuentes de la Casa del Rey consultadas subrayaron este viernes que fue esta institución la que pidió hace dos meses someterse a la Ley de Transparencia.

En ese contexto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó hoy que la Casa del Rey "manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar una fórmula para someterse a esa Ley", una vez que el Congreso aprobó una resolución a favor de aplicar la normativa a todas las instituciones, y ha trabajado intensa, "activamente" y con "absoluta colaboración".

Fuentes del partido socialista (PSOE), la mayor fuerzas de la oposición, consideraron "muy positiva" la decisión de la Casa del Rey de aceptar su inclusión en el ámbito de competencias de la Ley y anunciaron que en las negociaciones en marcha en el Congreso este partido reclamará "que haya la máxima transparencia posible" en sus actividades.

En su comparecencia informativa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que al no ser una administración pública, la Casa del Rey tiene que incluirse "de una manera similar o con un tratamiento equivalente" al que tendrán otras instituciones del Estado, en referencia al Parlamento, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.

Aunque la vicepresidenta del Ejecutivo no ha concretado cómo se traducirán las "particularidades" que afectan a la Casa del Rey en la nueva norma, que se encuentra en tramitación parlamentaria desde el pasado septiembre, sí recalcó que su régimen económico viene determinado en la Constitución, concretamente en su título segundo.

"Deberemos ajustar el propio contenido de la Ley de Transparencia a sus propias circunstancias y a lo que la misma Constitución señala", puntualizó.