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Cancillería dominicana critica el "parcial" informe de la CIDH

El informe publicado, tras visitar cinco días el país, refleja "una visión parcial de la realidad que vive" el país

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La Cancillería de la República Dominicana expresó hoy su "disconformidad" y "desagravio" por el informe, "parcial" y "unilateral", emitido ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre una cuestión relacionada con el derecho a la nacionalidad en el país.

La Cancillería dijo que el informe publicado por la CIDH, tras visitar cinco días el país con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que niega la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes ilegales, refleja "una visión parcial de la realidad que vive" el país.

Asimismo, recoge "un escaso reconocimiento de los esfuerzos del Gobierno Dominicano por encontrar soluciones y garantizar los derechos humanos y fundamentales de todas las personas" que habitan el país.

En este sentido, señaló que el Gobierno de Danilo Medina "está actuando con apego a nuestro orden constitucional y, por tanto, acata lo estipulado" por el TC.

El órgano judicial resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".

De acuerdo con la Cancillería, desde que se conoció el fallo, Medina y su equipo "han tomado numerosas disposiciones para buscar soluciones y proteger los derechos adquiridos de los afectados".

Según el informe emitido ayer en Santo Domingo por la CIDH, las violaciones al derecho a la nacionalidad en República Dominicana se han "agravado" tras el fallo del TC, que considera "discriminatorio".

El presidente de la comisión, José de Jesús Orozco, denunció en rueda de prensa que un "número indeterminado pero muy significativo" de dominicanos han sido privados "arbitrariamente" de su nacionalidad, tras el fallo del TC, que ha dividido a la opinión pública dominicana y ha sido rechazado por organismos internacionales, entre ellos la ONU.

La Comisión observó que la sentencia afecta "desproporcionadamente" a personas sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza.

El organismo criticó que el fallo tiene un "efecto discriminatorio" y reiteró que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana (que son afrodescendientes), priva de la nacionalidad retroactivamente y genera apátridas.

Las autoridades dominicanas, sin embargo, aseguran que la sentencia abre la vía para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su descendencia.

De hecho, el Gobierno dominicano aprobó el 22 de noviembre el Plan Nacional de Regularización de los extranjeros indocumentados, el cual beneficiará especialmente a los de origen haitiano, que representan casi el 90 % de la población foránea residente en el país.

La Cancillería agregó hoy que "si bien es cierto que en el país puedan registrarse manifestaciones de racismo e intolerancia, estas son siempre expresiones de particulares y en ningún caso reflejan posiciones compartidas por ninguna de las instituciones representativas dominicanas, ni por la mayoría de su población".

En ese sentido, argumentó que cualquier víctima de abuso o discriminación "cuenta con los mecanismos legales a su disposición para denunciar cualquier hecho de este tipo", así como con el apoyo del Estado de Derecho.

En cuanto a la situación de marginalidad y pobreza en la que se pueden encontrar muchos migrantes, alegó que "lamentablemente, es una situación compartida con miles de ciudadanos dominicanos que aún viven en condiciones de pobreza".

Esto no ha impedido, sin embargo, que el "país extienda solidariamente servicios como los de salud pública o educación a más de medio millón de migrantes", dijo.

De los 9,5 millones de habitantes que tiene el país caribeño, se verían afectados unos 240.000 según cálculos de la organización Human Rights Watch (HRW).