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CIDH cerró periodo de sesiones preocupada por Venezuela y caso Petro

La directiva del CIDH | Foto: Cortesía

La directiva del CIDH | Foto: Cortesía

Un comisionado dijo que la CIDH aún no ha tomado una decisión sobre si realizar o no "un informe especial" sobre la ola de protestas antigubernamentales que vive Venezuela desde hace casi dos meses

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La CIDH expresó hoy, al cierre de su 150 periodo de sesiones, su preocupación por la situación en Venezuela y por el rechazo de Colombia a las medidas cautelares en favor del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, así como por la ausencia del Estado ecuatoriano de las audiencias sobre ese país.

En la presentación del balance de ese periodo de sesiones, la Comisión también enfatizó que le preocupa "la situación de las más de 210.000 personas que han quedado apátridas" tras el fallo del Tribunal Constitucional dominicano que niega a los hijos de extranjeros indocumentados, en su mayoría haitianos, el derecho a la nacionalidad.

En el caso de Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que no ha recibido ninguna petición del destituido alcalde para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La petición de la parte interesada para solicitar medidas provisionales a la CorteIDH, que se otorgan en casos de "extrema gravedad", no es necesaria para que la CIDH actúe pero sí "relevante" y "extremadamente importante", según explicó la presidenta de la Comisión, Tracy Robinson.

El secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, detalló por su parte que la petición de medidas provisionales a la Corte no es algo usual y que apenas hay entre 10 y 20 solicitudes por año.

Si la CorteIDH falla en contra de la petición de medidas provisionales de un demandante, éste deja también de estar protegido por las medidas cautelares dictadas a su favor por la Comisión.

Robinson reiteró la preocupación de la CIDH por la decisión del Gobierno de Colombia de no acoger las medidas cautelares solicitadas por ese organismo en favor de Petro, después de que la canciller de ese país, María Ángela Holguín, se reuniera esta misma semana en Washington con los comisionados para explicarles su postura.

El pasado 19 de marzo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció que su Gobierno no acogía las medidas cautelares solicitadas por la CIDH para mantener a Petro como alcalde de Bogotá y firmó su destitución por un supuesto mal manejo en una crisis de basuras ocurrida a finales de 2012.

Pese a las discrepancias en torno al caso de Petro, la CIDH valoró la participación "activa" del Estado colombiano en las sesiones y reuniones de trabajo celebradas sobre ese país.

No ocurrió lo mismo con el Estado ecuatoriano, ya que, como recordó hoy la CIDH, estuvo ausente de las dos audiencias que le incumbían.

La Comisión "lamenta profundamente las expresiones de altas autoridades ecuatorianas sobre asuntos relativos al desarrollo de las sesiones" y "toma nota" de que es el segundo periodo consecutivo al que el Gobierno de ese país rechazó acudir, según reza en su balance final.

Por contra, la CIDH resaltó "la participación del Estado" en las cuatro audiencias sobre Venezuela y ratificó su "profunda preocupación" por la situación en ese país, además de animar a avanzar en un proceso de diálogo.

El comisionado Felipe González dijo que la CIDH aún no ha tomado una decisión sobre si realizar o no "un informe especial" sobre la ola de protestas antigubernamentales que vive Venezuela desde hace casi dos meses.

González no quiso entrar a valorar el Consejo de Derechos Humanos creado esta semana por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que estará integrado por 15 personas, la mayoría altos funcionarios, y que investigará "todos los sucesos" registrados desde febrero en el país.

En cualquier entidad de derechos humanos de ese tipo "son necesarios ciertos estándares elementales", señaló sin entrar en detalles.

En cuanto al fallo del Tribunal Constitucional dominicano, que la CIDH considera "discriminatorio", la comisionada Rose-Marie Antoine sostuvo que el organismo espera recibir "miles" de peticiones de "potenciales" afectados.

Ese fallo genera "una privación arbitraria de la nacionalidad" e "impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana", denunció de nuevo la Comisión.