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CIDH espera aprobar su propia reforma antes de reunión de OEA

La comisión se adelantaría así a la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo en la Organización de Estados Americanos

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy un proyecto para su propia reforma que confía en aprobar antes de que los cancilleres del continente se reúnan en la OEA para votar otro borrador sobre el mismo asunto.

El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, presentó a los embajadores de la OEA el proyecto, que será sometido ahora a un periodo de consulta para que los usuarios del sistema de derechos humanos y otros actores se pronuncien sobre el mismo, con el fin de tenerlo aprobado hacia el 11 ó 12 de marzo.

La comisión se adelantaría así a la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde los cancilleres y representantes del continente votarán otro proyecto de reforma de la CIDH que está elaborando por su cuenta el Consejo Permanente.

Fuentes de la CIDH explicaron a Efe que el proceso que están desarrollando "no es totalmente independiente" del que llevan a cabo los embajadores de la OEA, sino que "se vincula mucho" con él porque ha tenido en consideración las 53 recomendaciones que adoptó el grupo de trabajo nombrado por el Consejo Permanente.

"Lo que la comisión espera es que los países se sientan conformes con estas reformas, que consideren que atendieron a sus recomendaciones", señaló la fuente, que recordó que el texto de la CIDH también ha tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones civiles y víctimas de violaciones de derechos.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señaló tras la presentación del proyecto que la comisión "ha dado un paso enorme" con el documento, al considerar que define "la forma de aplicar el 80 por ciento de las recomendaciones" que aprobaron los cancilleres en la Asamblea General de junio en Cochabamba (Bolivia).

"Estoy convencido de que podemos avanzar en las resoluciones para llegar a la Asamblea General Extraordinaria con éxito", dijo Insulza.

El proceso comenzó en enero de 2012, cuando los Estados miembros de la OEA aprobaron una serie de recomendaciones para reformar la labor de la CIDH, un organismo autónomo dedicado a proteger los derechos humanos.

En principio, las recomendaciones de la OEA no eran vinculantes y la comisión tenía la potestad de decidir cuáles implementar, pero países como Ecuador y Venezuela se opusieron a ese esquema, al considerar que la OEA debe tener la última palabra.

Finalmente, los cancilleres decidieron en Cochabamba que la CIDH sometiera sus decisiones al escrutinio del Consejo Permanente para que este elaborara propuestas sobre cómo implementarlas, en un proceso que debe cerrarse con el voto del día 22.

Insulza consideró que el clima de diálogo es "mucho más positivo" que cuando comenzó el proceso de reforma, algo en lo que coincidió Fernando Suárez, el representante de Ecuador, uno de los países más críticos con la CIDH.

El proyecto de reforma presentado hoy modifica ligeramente el que la Comisión ya presentó a los embajadores de la OEA en octubre y que fue criticado entonces por Venezuela y Ecuador.

La principal diferencia es la ampliación del Capítulo IV del informe anual de la comisión, conocido popularmente como su "lista negra" y dedicado a señalar a los países del continente que no cumplen en derechos humanos.

Ante la petición de varios países de que el capítulo haga una panorámica de la situación de derechos humanos en todo el continente en lugar de señalar a algunos Estados, la CIDH ha decidido dividir en dos secciones dicho apartado: una que mantendrá su práctica habitual y otra que hará el análisis general solicitado.

Además, la Comisión amplía los plazos que concede a los Estados para tramitar una petición y dar una respuesta, que antes se limitaban a dos meses y ahora se alargan a tres con posibilidad de prórroga de hasta cuatro.

El proyecto no modifica apenas las propuestas que ya hizo en octubre en torno a las medidas cautelares para proteger a víctimas: la CIDH se compromete a revisar las que conceda sin consultar a los Estados y a adoptar resoluciones que las expliquen cuando las conceda con carácter de urgencia.