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CIDH: Dominicana viola derecho a la nacionalidad

Miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana acudieron a interponer sus denuncias ante la CIDH |  FOTO AFP

Miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana acudieron a interponer sus denuncias ante la CIDH | FOTO AFP

La instancia de la OEA considera discriminatoria la sentencia que quitó la ciudadanía a descendientes de extranjeros ilegales

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad por el fallo del Tribunal Constitucional que le niega esa condición a los hijos de extranjeros ilegales.

Tras una visita de una semana a la República Dominicana, el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, dijo que la instancia –adscrita a la Organización de Estados Americanos– pudo valorar avances en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos del país.

Orozco advirtió, sin embargo, que continúan las violaciones al derecho a la nacionalidad que la comisión observó durante su última visita, en 1997, e incluso se han agravado debido al fallo judicial emitido en septiembre, que afecta a alrededor de 200.000 personas, según las fuentes consultadas.

La CIDH considera que la sentencia tiene un efecto discriminatorio porque impacta sobre todo a los dominicanos de ascendencia haitiana. “Afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza”, precisó Orozco.

La comisión recordó que el hecho de que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana está relacionado con los obstáculos que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad.


Procedimiento dudoso. La CIDH advirtió que el proceso especial de naturalización para los descendientes de extranjeros ilegales incluido en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, difundido el 26 de noviembre, “podría no ser plenamente acorde” con el derecho internacional.

La instancia de la OEA considera que no se puede exigir que las personas con el derecho a la nacionalidad, como aquellas desnacionalizadas por la sentencia, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

Indicó que las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por el fallo judicial deben ser generales y automáticas en lugar de discrecionales o implementadas de forma discriminatoria. También señaló que dichos mecanismos deben ser accesibles en términos económicos.

Orozco cifró en 3.994 las personas que se acercaron a presentar testimonios, denuncias y comunicaciones durante los 5 días de visita de la comisión a la República Dominicana. Agradeció al gobierno del presidente Danilo Medina por las facilidades brindadas y a las organizaciones de la sociedad civil por el apoyo.