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Bogotá sigue la evolución jurídica del caso de la destitución de su alcalde

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro fue destituido de su cargo / EFE

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro fue destituido de su cargo / EFE

Los bogotanos se mantienen atentos a las diferentes acciones jurídicas y administrativas que rodean la destitución e inhabilitación por quince años del alcalde Gustavo Petro, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la gobernabilidad de la capital colombiana

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Los bogotanos se mantienen atentos a las diferentes acciones jurídicas y administrativas que rodean la destitución e inhabilitación por quince años del alcalde Gustavo Petro, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la gobernabilidad de la capital colombiana.

Después de dos agitadas jornadas en las que la Procuraduría ratificó su sanción al mandatario local y en la que una inesperada tutela (recurso de amparo) suspendió temporalmente la medida dictada el pasado 9 de diciembre por el procurador Alejandro Ordóñez, los abogados del alcalde se concentraron este miércoles en explorar nuevas vías jurídicas.

Petro y sus funcionarios alternan mientras tanto su trabajo en la Alcaldía con la estrategia de movilizaciones que rechazan la sanción de la Procuraduría, basada en lo que consideró una mala gestión del burgomaestre durante una crisis de basuras de 2012.

Aunque la noticia de la congelación de la sanción de Petro fue acogida con esperanza en un primer momento por sus partidarios, en la medida que amplía el margen de acción, el abogado Carlos Rodríguez Mejía explicó que la tutela no beneficia tanto al alcalde.

El letrado, uno de los responsables de la estrategia internacional de la defensa de Petro, dijo a Efe que esa tutela "es ilusoria y no efectiva" porque es temporal e "insuficiente para proteger los derechos del alcalde y de sus electores".

"Los enemigos del alcalde y del gobierno de izquierda de la ciudad están argumentando que eso (la tutela) demuestra que hay recursos efectivos" y no es necesario acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estos abogados solicitaron a la CIDH medidas cautelares para Petro ante lo que consideran una persecución política contra el alcalde de izquierdas de Bogotá.

Al tiempo, el jurista denunció el inicio de "una operación de acoso y derribo" en contra de Petro y de todo aquel que le represente como el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que admitió la tutela, José María Armenta, pues medios locales denunciaron que su esposa trabaja para una empresa contratista de la Alcaldía.

No obstante, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura informó hoy que por el momento descarta investigar a este juez, por lo menos hasta que no reciban "un documento" oficial.

Mientras crecía la polémica por la tutela presentada por el ciudadano José Gotardo Pérez Soto en defensa de sus derechos constitucionales, el juez Armenta admitió la segunda tutela favorable a Petro.

Estos dos son tan sólo los primeros de 800 recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por ciudadanos anónimos, participantes de una iniciativa promovida por un simpatizante de Petro que, según Rodríguez Mejía, no tiene nada que ver con la estrategia de defensa del alcalde.

En cualquier caso, el letrado depositó su confianza en que la CIDH se pronuncie "en los próximos días" sobre las medidas cautelares y que lo haga en sintonía con "antecedentes" en los que el organismo ha amparado a los solicitantes.

Además, confió en que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien tiene la última palabra para ejecutar o no la destitución del alcalde de Bogotá, respete la decisión de la CIDH como se comprometió.

El mandatario, que ha mantenido una postura neutral en este proceso, advirtió hoy que su única opción es "respetar los fallos judiciales" y "defender la institucionalidad".

"Yo he mantenido una posición muy institucional, ese es un caso donde el presidente de la República tiene que ceñirse a la Constitución, a las leyes, a las instituciones", afirmó en declaraciones a Radio Cúcuta.

Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negocian la paz con el Gobierno en La Habana desde hace más de un año, instaron hoy a Santos a que se oponga a la destitución del burgomaestre bogotano.

"A la luz de las ansias de democratización que brotan de la inconformidad popular que ha tomado las calles de Bogotá y que es tema de fuerte debate en el escenario de los diálogos de paz, a Santos corresponde también oponerse a la destitución", indicó la guerrilla en un comunicado leído hoy en La Habana.