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Autoridades brasileñas lanzan operación contra redes corruptas en 12 estados

La acción, coordinada por el Grupo Nacional de Combate a Organizaciones Criminales (Gncoc), tiene el objetivo de cumplir un total de 86 órdenes de prisión y 311 de búsqueda y captura, además de 65 órdenes de congelación de bienes y 20 de destitución de cargos públicos

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Las autoridades brasileñas lanzaron una operación coordinada para desarticular redes de corrupción y desvío de fondos en licitaciones públicas en doce estados del país que hasta el momento se ha saldado con 92 detenciones, informaron fuentes oficiales.

La acción, coordinada por el Grupo Nacional de Combate a Organizaciones Criminales (Gncoc), tiene el objetivo de cumplir un total de 86 órdenes de prisión y 311 de búsqueda y captura, además de 65 órdenes de congelación de bienes y 20 de destitución de cargos públicos.

Hasta inicios de esta tarde, 92 personas habían sido detenidas, entre ellas funcionarios, policías y empresarios.

El presidente del Gncoc, Héverton Alves de Aguiar, fiscal general del estado de Rondonia, precisó que el total de fondos públicos sujetos de investigación alcanzan los 1.146 millones de reales (unos 577 millones de dólares), vinculados a un total de 131 órganos.

"Hoy es un día especial", dijo Aguiar en una declaraciones recogidas por medios brasileños.

El fiscal precisó que las operaciones demuestran "de una forma muy clara que es posible que las fuerzas del Estado trabajen de forma organizada contra ese mal que asuela la sociedad actual".

En el dispositivo participan 144 fiscales y 1.200 efectivos policiales, además de funcionarios de tribunales de Cuentas, de la Contraloría General de la Unión (CGU), detalló la estatal Agencia Brasil.

Entre los estados comprendidos en la ofensiva se encuentran Río de Janeiro y Sao Paulo, dos de las regiones más ricas y desarrolladas del país.

Los sospechosos de participar en la red están acusados del desvío de recursos de órganos municipales y regionales y el pago de sobornos, así como de inflar artificialmente las facturas de productos y servicios. Las autoridades consideran que la trama se valía del uso de empresas fantasma e incurría en el delito de blanqueo de dinero.