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Argentina dicta sentencias por tragedia ferroviaria

Se solicitó buscar testimonios e investigar si hubo responsabilidad del ex ministro de Planificación Julio De Vido

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Los ex secretarios de Transporte durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron condenados a 8 y 6 años de prisión por un trágico accidente de tren ocurrido en febrero del año 2012, el cual causó 51 víctimas fatales y 789 heridos. En total 21 personas fueron condenadas por el accidente ferroviario.

Los tres miembros del tribunal oral en lo Criminal Federal Número 2 de Buenos Aires resolvieron por unanimidad sentenciar a ocho años de prisión a Juan Pablo Schiavi, ex ministro de Transporte, por los delitos de defraudación contra la administración pública y estrago culposo agravado por el número de fallecidos.

Schiavi, antes de escuchar la sentencia, manifestó que no tenía miedo de ir a prisión, destacó el diario argentino La Nación.

Asimismo, su antecesor en el cargo Ricardo Jaime recibió seis años de prisión por el primer cargo. El tribunal también condenó a nueve años de prisión a Sergio Cirigliano, dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria del servicio de ferrocarril al momento del siniestro. El maquinista del tren Marcos Córdoba recibió una pena de tres años y seis meses de prisión por estrago culposo.

También se solicitó que se extraigan testimonios para investigar si hubo responsabilidad del ex ministro de Planificación Julio De Vido, reseñó La Nación.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2012, cuando un tren con 1.200 pasajeros de la línea Sarmiento, que une la periferia oeste con el barrio de Once de la capital, se estrelló contra los parachoques de la terminal, en un hecho que causó conmoción y que persuadió al gobierno de la entonces mandataria Fernández de Kirchner de volver a estatizar y modernizar todo el sistema de ferrocarriles.

El accidente, uno de los más graves en la historia de Argentina, puso en el tapete las deficiencias del servicio de ferrocarriles privatizado en la década de 1990 y la falta de controles por parte del Estado, pese al desembolso de millones de dólares al año en calidad de subsidios, que dejó medio centenar de muertos en febrero de 2012.