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Argentina estudia aplicar cláusula democrática del Mercosur a gobierno venezolano

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El Mercosur está formado por Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela

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El gobierno argentino apoyó este viernes que se celebre una reunión de cancilleres del Mercosur para tratar la situación de Venezuela y, aunque dejó la puerta abierta a que se aplique al país la cláusula democrática, reiteró que "la única salida hacia adelante" del mismo "es el diálogo entre las partes".

La ministra argentina de Relaciones Exteriores hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Buenos Aires,en la que fue consultada por diferentes asuntos de la agenda internacional.

Malcorra manifestó que Eladio Loizaga, su par paraguayo, se puso en contacto con ella y el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, que tiene la presidencia pro témpore del Mercosur, y está "coordinando y armando" una reunión de ministros para abordar la crisis en el país.

El Mercosur está formado por Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.

"Por supuesto, estamos totalmente disponibles a juntarnos y conversar. Hay informaciones circulando que nos preocupan enormemente, que entiendo es lo que llevó al Paraguay a hace este planteo", remarcó.

Al respecto, la máxima responsable de la diplomacia argentina destacó que ese encuentro tendrá lugar "en los próximos días".

"Cuando nos juntemos, conversaremos como siempre basándonos en objetivos, datos, y tratando de colaborar. Si de lo que surge hay mérito para la aplicación de elementos de la cláusula democrática, así lo haremos, pero hemos dicho en muchas oportunidades que la única salida hacia adelante que tiene Venezuela es el dialogo entre las partes", aseveró Malcorra.

"No lo vemos de otra manera. Entonces vamos a discutir con nuestros colegas del Mercosur, donde estará también Venezuela. Sigo en contacto con mi par venezolana, más allá de las diferencias que son muchas y públicas. Tenemos una relación personal construida a lo largo del tiempo", puntualizó.

La cláusula democrática del Mercosur establece la posibilidad de suspender a un Estado miembro ante la ruptura del orden democrático en virtud del Protocolo de Ushuaia, suscrito en 1998, que contempla que esta medida solo puede aplicarse por consenso.