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Andorra interviene banco investigado por EE UU por lavado de dinero de Pdvsa

De acuerdo con el comunicado emitido por el Tesoro, los ejecutivos de BPA diseñaron "servicios financieros a medida" para que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran "enmascarar los orígenes del dinero"/ Google

De acuerdo con el comunicado emitido por el Tesoro, los ejecutivos de BPA diseñaron "servicios financieros a medida" para que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran "enmascarar los orígenes del dinero"/ Google

El Departamento del Tesoro de EE UU acusó hoy a BPA de estar involucrada en el "lavado de dinero internacional" y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

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El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, ha intervenido la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad que está siendo investigada por el Gobierno de Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.

El Departamento del Tesoro de EE UU acusó hoy a BPA de estar involucrada en el "lavado de dinero internacional" y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

En Andorra, el jefe de Gobierno, Toni Martí, informó hoy de la intervención de la entidad a los medios de comunicación, de quienes no ha admitido preguntas. Explicó que se han designado dos interventores para "garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana".

Martí resaltó que "el sistema financiero andorrano goza de una buena imagen y una buena reputación" y que "es nuestra responsabilidad garantizar que esto siga siendo así en el futuro". "Gracias a las acciones que se han tomado, las de antes y las de hoy, la gente puede estar tranquila y seguir confiando en el buen nombre de Andorra y su plaza financiera", declaró.

El jefe del ejecutivo andorrano, recientemente elegido en unas elecciones generales en el pequeño país de los Pirineos, insistió en que se trata de un caso de presunta mala praxis "y no de una situación de riesgo de solvencia o problemas de balances".

Subrayó que el Principado de Andorra ha cumplido "siempre" con sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y que, de hecho, así consta en la declaración pública de la administración estadounidense.

"Es necesario e imprescindible que las instituciones andorranas competentes actúen de manera efectiva para garantizar la labor hecha y que las investigaciones en curso no sufran ni retrasos ni tropiezos a causa de esta situación", manifestó Martí durante su comparecencia extraordinaria ante los medios de comunicación. Martí explicó que el Gobierno andorrano fue informado el lunes de la situación por las autoridades norteamericanas, que proponen una serie de medidas para limitar la capacidad operativa de BPA.

La propuesta abre un periodo de 60 días para, una vez escuchadas las partes, determinar una resolución sobre la aplicación de las medidas. Se prevé que este miércoles las autoridades competentes del INAF comparezcan en una rueda de prensa para explicar los detalles del proceso en curso.

Paralelamente, el Tesoro de EEUU emitió hoy un comunicado en el que acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China. "Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EEUU", explicó Jennifer Shasky Calvery, la directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), oficina del Tesoro.

FinCen describe cómo un gerente de BPA aceptó supuestamente "comisiones desorbitadas" para procesar transacciones relacionadas con intermediarios venezolanos, que incluían la creación de empresas pantalla y complejos procesos financieros para canalizar fondos desde la petrolera estatal Pdvsa "de cerca de 2.000 millones de dólares".