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Amplían el procesamiento por blanqueo de empresario vinculado a la familia Kirchner

La ex presidente debe comparecer debido a operaciones concretadas en los últimos meses de su gestión | Foto EFE / Archivo

Cristina Fernández de Kirchner| Foto EFE / Archivo

La ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta cargos de corrupción 

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 La Justicia argentina amplió hoy el procesamiento por presunto lavado de dinero que pesa contra el empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, en una causa por la que está en prisión preventiva desde el pasado abril, informaron fuentes jurídicas.

En este caso, el juez Sebastián Casanello remarca, en un auto de procesamiento divulgado por el Centro de Información Judicial (CIJ), que se investiga el ingreso al país de unos 33 millones de dólares a través de títulos de deuda.

El magistrado también dictó el procesamiento de otros cuatro acusados, entre ellos, uno de los hijos del empresario, Martín Báez; y pidió a Suiza la extradición de Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic Service Group, financiera ligada a la causa.

Dispuso, además, aumentar hasta los 800 millones de pesos (58 millones de dólares) el embargo de 100 millones de pesos que ya pesaba contra Martín y Lázaro Báez, quien fuera estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2015) y principal adjudicatario de obras públicas en Santa Cruz, bastión kirchnerista.

El juez cree que se pusieron en circulación en el mercado, entre 2012 y 2013, "bienes de origen ilícito" de propiedad de Lázaro Báez por una suma de 32,8 millones de dólares "que terminarían incorporándose" en el patrimonio de Austral Construcciones (empresa de Báez), mediante operaciones financieras que buscaban cortar "todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas".

"La maniobra habría consistido en una serie de transacciones con títulos de deuda pública adquiridos en el extranjero que habrían sido depositados por el J.Safra Bank de Ginebra, Suiza, a través del sistema de compensaciones Euroclear, en la cuenta comitente número 1255, de titularidad de la firma Helvetic Service Group", dice Casanello en el auto de procesamiento.

Dicha firma "sería propiedad", dice el texto, de Marcelo Ramos en un 33 % y de Ursula Verena Fontana en el porcentaje restante, y de la cual Jorge Oscar Chueco -también procesado- contaba con un poder de representación.

Ya el pasado 18 de abril, el juez procesó a Báez, a su hijo Martín, al contador Daniel Pérez Gadín y a los financieros César Fernández y Fabián Rossi, entre otros, al considerarlos "co-autores del delito de lavado de activos", que según la legislación argentina tiene una pena máxima de diez años de prisión.

Casanello investiga supuestas maniobras a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas mediante al uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado.

En este expediente, el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, también pidió indagar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

La pasada semana, el hijo menor del empresario, Leandro Báez, había pedido que Casanello, encargado de la causa, se apartara de la misma en la presunción de que estaba protegiendo a la familia Kirchner, aunque la recusación fue denegada.

Además, Báez reclamó el lunes al juez que se "sincere" el objeto procesal de la causa, en un escrito presentado por su defensa en el que negó la existencia de sobreprecios en la obra pública adjudicada a sus empresas.

Como "solicitan un sinceramiento del objeto procesal de esta causa y critican las hipótesis en torno al ilícito previo", obligan "a que se destaquen nuevamente las circunstancias relatadas", señala Casanello en el auto.

"Aquí se investigan operaciones sospechadas de encubrir blanqueos de capitales, no las conductas que las originaron. El objeto fue fijado por el fiscal a partir de las denuncias que dieron origen a la causa, y lo ha ido reforzando a lo largo de sus ulteriores presentaciones", remarca.

Si bien el caso se inició en 2013, cuando un financiero reconoció en televisión haber sacado del país millonarios fondos del empresario a través de sociedades inscritas en Panamá, volvió a tomar impulso en 2016 cuando diversos medios locales difundieron unos vídeos grabados en 2012 que muestran a varias personas contando millones de dólares en una oficina en Buenos Aires.