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Aliados del Gobierno también sancionan a medios críticos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el boliviano, Evo Morales / AVN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el boliviano, Evo Morales / AVN

Organizaciones han advertido sobre el retroceso de la libertad de expresión en América Latina

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Las multas y sanciones de diferente índole a medios de comunicación críticos no sólo han sido una característica de los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los países aliados de ambos gobernantes también han utilizado mecanismos similares para presionar a la prensa independiente.

El caso más reciente ocurrió en Bolivia, gobernada por el presidente Evo Morales desde 2006. En junio de este año el Servicio de Impuestos Nacionales embargó la sede de El Diario –el periódico más antiguo del país con 109 años en circulación– por una deuda tributaria de 18,4 millones de dólares.

“En cumplimiento de la ley y resguardando los intereses del Estado se adoptó la medida de la hipoteca legal sobre los derechos propietarios del inmueble”, informó el SIN en un comunicado. Fuentes de la institución dijeron a Efe que, aunque el embargo no impide que el periódico siga funcionando, es el paso inicial para el remate de sus bienes.

El Diario considera excesivo el monto reclamado por concepto de impuestos. “Nuestra posición ha sido bien clara. Vamos a honrar todas las deudas tributarias, pero no vamos a pagarlas dos veces”, aseguró el director Jorge Carrasco, cuya familia ha dirigido la empresa desde su fundación en 1904.

Carrasco calificó el embargo como un show político para amedrentar. El periódico se comprometió en un comunicado a seguir informando. “El Diario se mantiene firme en su trabajo bajo principios periodísticos de independencia y de defensa de las libertades constitucionales”, reza el texto.

En Ecuador, gobernada por el presidente Rafael Correa desde 2006, también ha habido casos similares. El más grave fue la demanda por injuria contra el diario El Universo en 2010, por un artículo que criticaba la actuación del mandatario durante la insurrección de policías ocurrida en septiembre de ese año.

En 2011 el tribunal sentenció al autor del texto –el periodista Emilio Palacio– y a los tres directivos de El Universo –los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez– a una pena de 3 años de prisión e impuso multas de 10 millones de dólares para cada uno de ellos y para el periódico.

La condena, que significaba la quiebra de la empresa, provocó el rechazo inmediato. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el fallo como un grave zarpazo a la libertad de información y Reporteros Sin Fronteros advirtió sobre el acoso judicial como una estrategia para acallar a los medios.

En 2012, luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara la apelación del diario y confirmara la sentencia de primera instancia, Correa perdonó a los acusados y pidió suspender las penas y las multas, aunque enfatizó que la condena fue merecida y que demostraba que se puede vencer el abuso del poder mediático.

 

Otros métodos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, ha usado mecanismos diferentes aunque con intenciones similares: presionar a la prensa crítica. La Ley de Medios aprobada en 2009 incluye una cláusula antimonopólica que obliga a varias empresas mediáticas a liquidar activos.

El grupo Clarín –el más afectado, aunque no el único– pidió la anulación de esa cláusula y otras tres que considera inconstitucionales e inició una batalla judicial que todavía continúa. En abril de este año un tribunal de apelaciones dictaminó contra la Ley de Medios. El Ejecutivo recurrió ante la Corte Suprema, que aún no ha respondido.

El Gobierno también intenta desde 2009 anular la compra de la empresa Papel Prensa –única fabricante de papel periódico en Argentina– efectuada en 1976 por los diarios Clarín, La Nación y La Razón con el argumento de que la transacción fue hecha de forma irregular.

El proceso está bloqueado en los tribunales. Por eso en mayo de 2013 el oficialismo presentó en el Congreso –donde tiene mayoría– un anteproyecto de ley para declarar de utilidad pública 24% de las acciones de Papel Prensa. Eso daría al Estado, que ya tiene 27%, una participación mayoritaria de 51%.

 

Mala imagen. Los gobiernos de Cuba y Nicaragua, socios de Venezuela en la Alianza Bolivariana para las Américas, también figuran entre los que restringen la difusión de información y contribuyen a que la libertad de expresión retroceda en la región, según organizaciones no gubernamentales.

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de Reporteros Sin Fronteras los principales aliados del Gobierno de Maduro perdieron posiciones. Argentina cayó del puesto 47 al 54, Nicaragua del 72 al 78, Bolivia del 108 al 109, Ecuador del 104 al 119 y Cuba del 167 al 171. Venezuela mantuvo el mismo lugar (117).

Amnistía Internacional, en su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2013, menciona a Bolivia, Cuba y Ecuador como algunos de los países de América Latina donde se producen violaciones y amenazas a la libertad de expresión.

El informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hace referencia a las restricciones en Venezuela y sus aliados. Caracas y Quito, de hecho, criticaron el texto en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos realizada en Guatemala en julio.