• Caracas (Venezuela)

Moisés Rendón

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La importancia de los derechos de propiedad: caso América Latina

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En 1763 los inmigrantes en las colonias norteamericanas tenían derechos de propiedad más seguros que los que tiene un venezolano actualmente en el siglo XXI. Los derechos de propiedad en Estados Unidos fueron “constituidos, asegurados y fuera del alcance de la opresión de los más poderosos” incluso antes de la independencia norteamericana. El concepto de derechos de propiedad corre en la sangre de Estados Unidos, alimentando su sistema de mercado y ayuda al país a prosperar. Si bien la importancia de tener los derechos de propiedad bien definidos y fuertemente protegidos es ampliamente reconocida entre los expertos de políticas públicas, América Latina se está quedando atrás en la protección de la propiedad privada de su gente.

Los derechos de propiedad son las leyes que permiten a las personas disponer, beneficiar y transferir propiedad. El respeto de los derechos de propiedad está generalmente ligado con los países más prósperos y desarrollados. Tal como se puede observar en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI) de 2015, los 5 países con mejores resultados tienen un PIB per cápita promedio de 72.000 dólares americanos, mientras que los 5 peores tienen en comparación un muy bajo promedio de 3.900 dólares. La región de América Latina y el Caribe está únicamente por delante de África, aunque países con conflictos armados en curso, como Nigeria o Chad, tienen mejor protección de los derechos de tierras que Argentina, Haití y Venezuela. Los países que prosperan económicamente entienden la diferencia entre la prosperidad y la pobreza: la propiedad.

En América Latina, Venezuela y Argentina se destacan por su constante debilitamiento institucional de los derechos de propiedad. Venezuela, un país que el Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó este año con una inflación de 720%, se ubicó junto con Haití en el último peldaño en la protección de los derechos de propiedad en la región. En efecto, más de 1.200 empresas privadas fueron expropiadas durante la administración de Hugo Chávez desde 1999 a 2013. Similarmente, Argentina tiene un pobre historial de respeto de los derechos de propiedad. En 2012 Repsol, un grupo petrolero español, fue sometido a la traumática experiencia de verse despojado de su filial en el país por el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. La expropiación de la propiedad privada es la receta perfecta para ahuyentar inversores. Con pocas excepciones, como Colombia y Perú, América Latina ha sido testigo de importantes fugas de capital que buscan otras regiones más amigables para los inversionistas.

Por otro lado, el éxito del Perú en reformar y mejorar sus derechos de propiedad ha contribuido a transformar al país en una de las mejores economías en la región. Desde la década de los ochenta, el Instituto Libertad y Democracia (ILD) empezó a ayudar a mudar vendedores peruanos de la calle, conductores de transporte, campesinos de zonas remotas de los Andes y millones de otros participantes del enorme sector informal del Perú (o la “economía extralegal”), dentro de la economía legalizada. Reformas políticas tales como la simplificación de los procesos administrativos, la mejora del acceso a la información pública, la unificación de los registros mercantiles y la democratización de la toma de decisiones han ayudado a hacer del Perú el segundo país de la región con más alto rango en el Doing Business Report del Banco Mundial de 2016. Hernando de Soto, fundador del ILD, afirmó que han recibido más de 44 solicitudes de gobiernos de todo el mundo que están interesados en aprender de la experiencia positiva del Perú en la protección de los derechos de propiedad. Tanto es así que este tipo de reformas de políticas públicas puso al Perú por delante de países como Canadá, Reino Unido y Japón en el indicador de Registro de Propiedad en el Doing Business Report de 2016.

En la todavía ideológicamente bipolar América Latina, entre giros de libre mercado y el sistema de mercado regulado, algunos gobiernos están tratando de fortalecer los derechos de propiedad, mientras que otros no. Brasil, que ha demostrado un fuerte crecimiento durante la última década, aún tiene mucho espacio por mejorar. El principio que los derechos de propiedad sirven una función social fue introducido por primera vez en la cultura legal en los inicios del siglo XX. El Instituto de la Función Social de la Propiedad, una institución jurídica brasileña, castiga al propietario si su propiedad no logra su “función social”, lo cual debilita la importancia y el valor de la propiedad privada. Los propietarios tienen deberes con respecto a su propiedad y están obligados a hacerla productiva. La intervención del Estado en la propiedad de los brasileños tiene claramente un impacto negativo en la dinámica económica y la inseguridad jurídica del país, ahuyentando inversiones.

A pesar de la crisis económica sin precedentes que está viviendo Venezuela, la recién electa Asamblea Nacional (dominada en su gran mayoría por la oposición) propuso una ley en febrero que otorga títulos de propiedad a más de 593.000 poseedores –y ahora propietarios– de las viviendas otorgadas por la “Misión Vivienda”, un programa creado durante el gobierno de Hugo Chávez que dio casas (pero no títulos de propiedad) a los venezolanos más pobres. El nuevo objetivo es democratizar la propiedad existente y proporcionar a los propietarios de las casas con el acceso al mercado, dándoles, por ejemplo, los instrumentos legales para utilizar su propiedad como garantía para un crédito de un banco y abrir un negocio.

Desde 2012, América Latina ha experimentado un menor crecimiento, de alrededor de 2% a 2,5% del PIB, en comparación con un robusto 5% durante la década anterior. La desaceleración se asocia con la disminución de los precios de las materias primas, una economía China más lenta y la disminución de inversiones. En medio de este descenso, los gobiernos deben considerar políticas sostenibles que permitan un crecimiento económico integral. Muchos en la región tienen la oportunidad de aprender de los exitosos ejemplos de reforma de los derechos de propiedad, como se ve en el Perú, para impulsar el desarrollo y traer de regreso la inversión al continente.

El reconocimiento del derecho inherente e inalienable de la propiedad privada está establecido en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). La base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo está en instituciones tan importantes como el de la propiedad privada. La prosperidad y los derechos de propiedad están inextricablemente entrelazados, y los expertos en desarrollo de todo el mundo aceptan cada vez más este hecho. Si los gobiernos de América Latina quieren ver a su gente salir de la pobreza por sí mismos, el respeto y el reconocimiento formal de la propiedad privada es un paso crucial en el carril correcto.