• Caracas (Venezuela)

Mirla Alcibíades

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Mirla Alcibíades

Con los muertos

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Por cortesía de la arquitecta Jannette Pérez, visité esta semana la iglesia de la Candelaria, en Caracas. Probablemente quien lea estas líneas tendrá un gesto de indiferencia, pues le parecerá natural la visita a un templo católico. Sin embargo, estoy segura de que el desinterés inicial que pudo provocar lo que he manifestado se desvanecerá cuando diga que no se trató de una visita cualquiera. Tuve el placer de formar parte de un reducido grupo que acudió para conocer de los trabajos que conducen a la recuperación de esa estructura, que cuenta con más de dos siglos de construida.

Fue así como en el recorrido arquitectónico (si se me permite llamarlo de esa manera) que realizamos, pudimos ver la reducida puerta que da entrada al acostumbrado osario de aquellos tiempos. Para quien no esté enterado de qué se trata, es preciso recordar que, en el comienzo de nuestros poblados, los cadáveres eran depositados en las iglesias.

Como es natural suponer, con el paso del tiempo el espacio para esos fines se hizo insuficiente. Por tal razón, fue dispuesta la construcción de cementerios en los terrenos adyacentes a las iglesias. No puedo dejar de mencionar que, en aquellas épocas, el registro de nacimientos y defunciones era responsabilidad de la institución eclesial.

En el caso de los muertos, no solo se trataba de consignar el nombre, sexo, condición social, etnia y día de defunción. También había que vigilar el cumplimiento de los preceptos que debían ser respetados, precisamente para vencer la pertinaz resistencia de muchos deudos y vecinos de los poblados a cumplirlos. Por ejemplo, en 1773 el obispo Mariano Martí recordaba que los cadáveres debían enterrarse de tal manera que los animales no pudieran sacarlos de las fosas.

Ante los consejos de la máxima autoridad religiosa, me permito recordar que, hasta los años sesenta del siglo XIX, eran frecuentes las quejas por cuanto los perros y los cochinos desenterraban los difuntos para atender sus necesidades de alimentación. Por ejemplo, en 1863 un diario caraqueño daba fe de que el lugar donde eran enterradas las víctimas de la última epidemia de cólera: “Los perros y los cochinos lo visitan con frecuencia”. Esa era la razón que explicaba por qué los deudos “no pudieron llevar al cabo su piadoso sentimiento, porque yacían insepultos varios cadáveres”.

A manera de paréntesis, preciso acotar que la voracidad de los cochinos era digna de cuidado. Como las ratas de nuestros días, los marranos de entonces no perdonaban ni a muertos ni a vivos. Una niñita de cuatro meses –refería una gacetilla de la década de los sesenta– había sido devorada por uno de estos animales.

Siguiendo las huellas a los difuntos, también disponía la Iglesia que los cuerpos debían enterrarse veinticuatro horas de ocurrida la defunción. La medida era expresada en esos términos porque, con regularidad, sobre todo cuando se trataba de párvulos, los asistentes al velatorio diferían el precepto de la inhumación. La dilación se extendía hasta por dos noches, para dedicarse a las diversiones acostumbradas en esos casos. Era habitual que la muerte de un niño era honrada con música y canto.

En realidad, el obispo Martí hablaba de una demora de dos a tres noches, con lo que incurría en exageración, como podemos suponer. Lo que no deja lugar a dudas en sus escritos es que había la tendencia a dar largas al entierro. Esto ocurría, como manifestaba nuestro prelado, “no sólo en la ciudad sino con más frecuencia en los campos para, con este motivo, tener proporción a formar de (...) noche juntas y concursos de hombres y mujeres de que resultan músicas, bailes, bebezones y otros desórdenes lamentables”.

Pero hay que decir que no siempre la tardanza obedecía a razones festivas. En la etapa republicana se vieron contenciones en el cumplimiento de la medida sanitaria que obligaba al enterramiento de un cuerpo. En el caso que elijo para ilustrar lo que señalo, se trató de un padre que, como señalaba el registro periodístico del suceso, llevado por la natural ternura en tales circunstancias se opuso a la inmediata inhumación del cadáver de su pequeño.

Los hechos se produjeron, precisamente, en la parroquia de la Candelaria, esta vez en 1839. Lo que sucedió sin lugar a dudas se habría producido en otros momentos y lugares, visto lo observado por el obispo. Al efecto, tomo las líneas fundamentales que resumen los acontecimientos. En el preciso momento de conducir el cadáver: “Al sacudimiento de los cargadores, al descender de un quicio reventó el cuerpo, o lo que es igual, hízole despedir hedor intolerable. Uno de los acompañantes que más cerca se hallaba, trastornado sin duda por la pestilencial emisión, exclamó en chabacana frase, pero a la par inofensiva y enérgica: El muerto me ha dado un bofetón. Aquel acompañante era el honrado y laborioso industrial Esteban Rojas, quien regresó del entierro a caer en cama y ¡morir!”.

Para ese tiempo, la instrumentación de medidas sanitarias no era responsabilidad del clero. En esos años ya correspondían a la máxima autoridad de los poblados, o sea, al jefe político. De manera que eran estas personas las llamadas a atender lo que antes corrió bajo la vigilancia de la Iglesia.

Por eso, cuando había epidemias (lo que sucedía con relativa frecuencia) era el jefe político el llamado a evitar los enterramientos inadecuados. La población y, desde luego, la prensa, permanecían atentas porque si no se atendía el requerimiento de inhumación a la profundidad debida, decía un periódico, “las exhalaciones mefíticas obran con mayor violencia porque están menos estorbadas, se hacen más mortíferas porque reaccionan en una atmósfera habitada por la multitud y en estado quizás de saturación. De otra manera: que el efecto maléfico de los cuerpos corruptos inficiona más fácilmente en el centro de la población que en sus extremos, punto donde regularmente sitúan los cementerios”.

Se hacía necesario, entonces, sacar los cementerios del centro de las ciudades (de la vecindad a las iglesias) y llevarlos a las afueras (“los extremos”, como decía el anónimo periodista). Y ese fue el caso.

No sé bajo qué razonamiento, pero Puerto Cabello se adelantó a esa medida de ubicar el cimenterio (como preferían denominar esos espacios en aquellas décadas de república) fuera del poblado. El hecho sucedió en 1838. Sin embargo, a todos no agradó la medida. Por ello, un habitante descontento publicó en la gaceta del estado sus ideas sobre la pésima ubicación del nuevo camposanto “sobre el camino a la entrada del pueblo”. En fin, no se podía mantener contentos a todos los vivos.