• Caracas (Venezuela)

Miguel Henrique Otero

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La doble legitimidad de la protesta

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A cualquier hora del día, en cualquier lugar de Venezuela, hay personas protestando. No son enemigos de la patria, ni conspiradores, ni agentes del imperialismo, ni soldados de la guerra económica ni ciudadanos a los que cabe endilgar descalificación alguna. Son personas desesperadas. Padres y madres que reaccionan ante la precariedad de la que son víctimas. Existencias temerosas por el pan de sus hijos. Nada menos que esto: gente que teme al hambre y a la enfermedad. A la carestía programada, característica de los regímenes totalitarios. Temerosas de morir por escasez de medicamentos y atención hospitalaria. Nunca, léase bien, nunca en Venezuela se habían producido tantos fallecimientos de neonatos por contaminación de los quirófanos de los hospitales públicos. Lograr que en el sistema de salud de la revolución bonita realicen una intervención quirúrgica en tiempo razonable, se ha convertido en una experiencia, mezcla de terror y agonía.

He escrito “escasez programada”. Ningún ciudadano consciente debería alejarse de este pensamiento: la hambruna venezolana fue planificada. En 1999 comenzó su múltiple ejecución. Se convirtió a Petróleos de Venezuela en el centro de un enorme engranaje de corrupción, en desmedro de sus capacidades productivas; se comenzó la expropiación de empresas (recordemos aquí el drama de Agroisleña) y de fincas productivas, que fueron saqueadas y conducidas a la ruina total; se puso en marcha el cerco legal, impositivo y de fiscalizaciones hostiles e injustificadas, con el objetivo de paralizar y cerrar industrias venezolanas; se creó el esquema de control cambiario que, tarde o temprano, haría estallar las finanzas nacionales; se arrancó con el ancho y creciente intervencionismo en la economía real del país por parte de los organismos gubernamentales a cargo de ignorantes de oficio; se dio inicio a la adquisición, a montos de escandaloso sobreprecio, de insumos y bienes terminados, como mecanismos para hacer factible la corrupción y el enriquecimiento súbito de los capitostes del chavismo-madurismo, así como el financiamiento de mercenarios políticos como los de Podemos, o la compra de votos útiles en las instancias internacionales.

Estas y muchas otras medidas, insisto en ello, no fueron improvisadas. Se fueron acumulando unas tras otras, avanzando en su propósito de arruinar al país. Día a día, a pesar de las innumerables voces que advirtieron, de todas las formas posibles y a través de los más variados mecanismos, que Venezuela estaba siendo conducida a una crisis de proporciones inéditas. Se señaló, con considerable anticipación, que vendría una baja de los ingresos petroleros. Pero ni Chávez ni Maduro hicieron nada por controlar los gastos desproporcionados, tomar medidas de apertura económica, establecer prácticas de ahorro. Lo ocurrido, de acuerdo con los más novedosos criterios del derecho internacional de las víctimas, califica como deliberadas violaciones de una serie de derechos humanos. En vez de actuar para atenuar las consecuencias del programa de sufrimientos que vendría, el régimen se dedicó a diseñar la represión, comprar armas, diseminar el miedo en el país, al tiempo que dejaba el campo abierto para el auge de la delincuencia. Porque además, y esto tampoco puede ser olvidado: nunca como ahora, con la omisión y complicidad del Estado, se había permitido la proliferación de bandas de delincuentes, como está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. El nuestro es un país que tiene una parte considerable de su territorio bajo el dominio de la delincuencia. A menudo, estas bandas están amparadas y mantienen acuerdos con destacadas figuras del régimen.

No hace falta sustentar la legitimidad de las protestas en nuestro país. Lo que a diario vemos no necesita mayores ni complejos argumentos: la sociedad está levantando su voz en contra del hambre inducida, de la precariedad diseñada, de la mortandad estimulada por los más oscuros propósitos. Que todo esto es deliberado lo demuestra, sin atenuantes, la negativa del régimen a aceptar la ayuda humanitaria que, desde distintas partes del mundo, se prepara para salvar las vidas de los venezolanos.

Nadie quisiera salir a las calles a reclamar sus derechos. Todos preferiríamos estar dedicados a nuestro trabajo, a nuestra aula, a los asuntos de nuestro hogar. Pero ello no es posible, por una verdad indiscutible: a los venezolanos nos han robado la paz. Nos han despojado del más básico de los bienes: vivir con algunas certidumbres. Nos han despojado de casi todo, y todavía se pretende despojarnos de nuestro derecho de protestar.

Y es que el ciudadano que protesta es, en la específica circunstancia venezolana, un héroe. Un valiente. Alguien que, a pesar del hambre, del estado de angustia causado por las carencias de todo tipo, del peligro constante que representan la delincuencia común y las bandas armadas de régimen; alguien que, a pesar de las evidentes y cada vez más brutales prácticas represivas de diversos cuerpos uniformados, de todos modos sale a la calle y reclama sus derechos. Es por todo esto que, cuando me preguntan fuera del país por la legitimidad de las protestas en todas las regiones de Venezuela, no dudo en responder: las protestas en Venezuela son doblemente legítimas.