• Caracas (Venezuela)

Miguel Ángel Cardozo

Al instante

Sin salud por hegemonía comunicacional

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Si bien ha sido burda e infructuosa la forma en la que el régimen ha intentado encubrir los recientes decesos en el país a causa de una enfermedad aún desconocida, tal pretensión pone de relieve el peligro que corre la sociedad venezolana ante los avances de la llamada “hegemonía comunicacional”, máxime cuando esta no se traduce solo en una abusiva concentración de medios de comunicación en manos del gobierno, sino en un conjunto de agresiones que incluyen amenazas, coerción y un inapropiado uso del sistema judicial para silenciar las voces que exponen la ineptitud y perversidad socialistas del siglo XXI; agresiones que, de manera franca, contravienen el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, http://www.un.org/es/documents/udhr), en el que claramente se estipula que el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y de expresión “incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Ya antes –en el transcurso de los últimos tres lustros– la nación había sido testigo de brutales arremetidas en contra de esa libertad, pero la gravedad de lo que ha ocurrido a propósito del mencionado caso es extrema, dado que con ello se vulnera, a su vez, el derecho de cada ciudadano de contar con todo lo necesario para el cuidado de su salud.

Es pertinente recordar que en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946, http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf?ua=1) –de la cual es signatario el país– se señala que “una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo”; salud que, de acuerdo con esa misma Constitución, debe ser garantizada por el gobierno “mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas”, aunque lejos de cumplir con tan sacratísima obligación, este solo ha quebrantado –una y otra vez– una larga lista de instrumentos legales –que en parte puede ser consultada en el documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Organización Mundial de la Salud, El derecho a la salud (2008, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31sp.pdf)–, ocasionando con sus acciones una crisis en el sector sin precedentes en Venezuela –y quizás en el mundo–.

El mencionado intento de encubrimiento, que sin duda constituye una de las más infames y descaradas transgresiones de los citados principios en estos turbulentos años de locura continuada, y que pone en riesgo la salud de todos los venezolanos –al generar confusión y entorpecer cualquier iniciativa seria orientada a prevenir la innecesaria pérdida de vidas humanas–, evidencia lo poco que le importa al régimen su oprimido pueblo y lo que está dispuesto a hacer para retener el poder.

Pero, además, este nuevo despropósito ha hecho palpables –como nunca antes lo habían sido–, las indeseadas consecuencias que para la vida de los venezolanos puede acarrear la hegemonía comunicacional socialista del siglo XXI, por lo que a nadie le resultará difícil imaginar lo que para la prevención y promoción de la salud implicaría el establecimiento de un estado de absoluta desinformación –que, dicho sea de paso, no se vislumbra lejano–.

Ya no se trata solo de la vulgar manipulación de cifras relacionadas con el desempeño del sistema sanitario nacional o de la intencionada omisión de datos a organismos internacionales –que se hace patente, por ejemplo, en la exclusión de Venezuela del Mapa sobre la situación y distribución de las enfermedades infecciosas desatendidas de la Organización Panamericana de la Salud (2014, http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9852&Itemid=41071&lang=es)–, sino de una significativa merma de la capacidad de cada venezolano de asegurar nada menos que su propia supervivencia.

Definitivamente, ya esto está tomando cariz de crimen de lesa humanidad. 


* Profesor de postgrado de la UCAB e investigador.

** Doctorando en Gestión de Investigación y Desarrollo, UCV. Especialista y magíster en Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud, UCAB. Odontólogo, UCV.

@MiguelCardozoM