• Caracas (Venezuela)

Marta Colomina

Al instante

El polvorín

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Venezuela es un polvorín en manos del gobierno y de su brazo político, el tsj, que puede ser activado por un pueblo desesperado sin alimentos ni medicinas, con pobreza creciente (70%), acosado por la criminalidad y la inflación más alta del mundo y que, además, ve burlada su voluntad soberana expresada masivamente a través del voto del 6-D. Las acciones del régimen de Maduro no se orientan hacia la búsqueda de soluciones concertadas con todos los sectores nacionales para salir de la estallante crisis que nos ha convertido en el país más arruinado del continente a causa de la corrupción y despilfarro oficiales, sino en violar flagrantemente la Constitución para permanecer “como sea” en el poder, a pesar de que 85% de la población clama por la salida pacífica de Maduro y su sustitución por un gobierno de concertación nacional.

El tsj acaba de declarar “inconstitucional” la ley del BCV aprobada por la nueva AN que ponía fin al decreto de Maduro con el cual el instituto emisor se convertía abiertamente en su caja chica, y podía nombrar a dedo a toda su directiva. En cualquier país democrático, su banco central goza de autonomía para así garantizar que el interés nacional quede a salvo de los abusos y corrupción del poder. Con apenas 3 meses de la nueva AN, el tsj al servicio de las aberraciones inconstitucionales de Maduro acabó con  la mayoría calificada opositora, mediante la cual podía remover magistrados, rectores del CNE e integrantes del mal llamado Poder Ciudadano, todos obscenamente politizados a favor del régimen. La sala electoral rojita interrumpió sus vacaciones navideñas para suspender la elección de los 4 diputados de Amazonas (tres de los cuales son opositores) con el peregrino argumento de que “había muchos votos nulos” y la acusación de “compra de votos”, nunca probada, por ser incierta. El caso está engavetado hasta el punto de que tampoco han llamado a nuevas elecciones en Amazonas porque saben que las perderían por paliza. Las “sentencias” de la sala (in)constitucional del tsj son todas anulatorias de las atribuciones del nuevo Parlamento, a saber: declarar “constitucional” el adefesio del Decreto de Emergencia Económica de Maduro que no combate la crisis económica, sino que amplía las políticas erradas que han llevado a Venezuela a la ruina y acabado con la agricultura, la industria, los servicios y la salud de los venezolanos. Maduro “está raspando la olla”: está vendiendo el poco oro monetario que nos queda, entregando la minería a empresas trasnacionales, incluidas parte de las filiales de la hoy arruinada Pdvsa (los crímenes de Tumeremo podrían formar parte de la urgencia de “limpiar la zona” para entregarla a sus nuevos dueños). Ninguna de estas operaciones han sido para paliar las necesidades del pueblo, sino para aumentar el gasto público (acaba de crear 9 nuevos ministerios, hasta llegar a casi a 50 y más de 140 viceministerios). Una mirada a la desolación del país nos muestra un sistema eléctrico destruido, con constantes apagones de los que oficialmente culpan al fenómeno de El Niño: 60 millardos de dólares en plantas, equipos, y turbinas que, en su mayoría, no llegaron al país, o se compraron usados, y nunca funcionaron (solo 28% de las plantas eléctricas compradas a Cuba a precio exorbitante está operativo). Las hidrológicas demuestran la negligencia y corrupción durante los 17 años de gobierno chavista, culpables de la carencia de agua en toda Venezuela, hasta límites de crisis humanitaria (la sarna y los piojos reinan). El Proyecto Tuy IV, que debía haberse concluido en 2007, sigue paralizado en 2016 (con lo dilapidado en la última campaña electoral de Chávez podrían haberse construido 3 represas), pero sí hay millones de dólares para comprar armas a China y Rusia que llegarán a fines de este  año. El chavismo abandonó también la represa Yacambú-Quíbor, en la que se han gastado más de 1 millardo y solo registra 50% de lo programado. Igual ocurre con los hospitales y su mantenimiento: “A los venezolanos nos envían al hospital a morir” relatan medios internacionales. Tampoco han hecho mantenimiento de las infraestructuras y equipos bajo control del gobierno: las refinerías de Pdvsa son una ruina, al igual que el resto de sus instalaciones. La revista Dinero acaba de publicar un reporte sobre el caos de las empresas del Estado y el declive de su producción (Industrias Diana, Mercal Producción, Lácteos Los Andes, etc.). ¿Ustedes han visto en los anaqueles algún paquete de harina de maíz de las 16 plantas que tiene el Estado? Hasta el ministro Faría reconoce que “las empresas expropiadas no producen”. El sector privado hace 4 años que no recibe divisa alguna para insumos y equipos, mientras Cuba sigue recibiendo gratis 100.000 barriles diarios de crudo venezolano. Maduro confiesa desvergonzadamente que la “revolución venezolana mantiene a países del Caribe” mientras los venezolanos mueren de mengua.

El gobierno, que ordenó las muertes y torturas de quienes participaron en las protestas de 2014, dice cínicamente ahora “que los asesinos de las 43 personas durante las protestas no pueden ser amnistiados”, adelantándose así a una nueva sentencia de “inconstitucionalidad” del tsj sobre la Ley de Amnistía. Los mismos que celebraron el perdón a favor de Chávez con sus muchos muertos del 4-F. Las críticas a la AN de algunos demócratas nos parecen injustas, porque nuestros diputados están haciendo lo que pueden   ante un régimen dictatorial apoyado delictivamente por los demás poderes, incluidos sus militares armados. Sin embargo, sería bueno que además del trabajo parlamentario, los dirigentes de los partidos y sus millones de activistas rompieran la censura mediática oficial yendo de casa en casa, informando al pueblo que no habrá comida en los anaqueles, ni medicinas en las farmacias, ni hospitales equipados, ni electricidad, ni agua en nuestros hogares, ni seguridad en las calles, ni tampoco disminuirá la inflación mientras Maduro y sus huestes sigan en el poder. Y que quienes están impidiendo que la soberanía popular sea respetada para producir los cambios pacíficos que los venezolanos reclamamos, son los magistrados del horror que están al servicio de la dictadura de Maduro y dirigentes rojitos tan aberrantes como el dizque abogado constitucionalista que sacraliza en las redes sociales y en la hegemonía mediática oficial la reedición del horror de las Lista Tascón: “Si a Maduro quieres revocar, tu firma y cédula las van a publicar”.

Así que el régimen no se asombre de que cualquier día de estos, con tanta provocación, el pueblo se plante masiva y pacíficamente a las puertas del tsj reclamando sus derechos electorales conculcados por un “poder” secundario, que no puede estar por encima de la carta magna, ni burlarse del voto popular en el que descansa la verdadera soberanía constitucional. Tic, tac, tic, tac.