• Caracas (Venezuela)

Marta Colomina

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El mundo atento a delitos del madurismo

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Un estudio del Observatorio Venezolano de la Violencia, OVV, y del de la Delincuencia Organizada de la UCV, realizado en agosto con una amplia muestra de 3.500 personas, registra el crecimiento de la percepción de que instituciones del Estado participan o facilitan acciones criminales en Venezuela. 66% de los encuestados cree que tanto la policía como los militares venden armas a los grupos del crimen organizado. 62% cree que narcotraficantes incluyen elementos corruptos de las fuerzas armadas, un aumento notable de 52% en 2013. La encuesta apunta a una serie de tendencias criminales que los venezolanos sufrimos ante el fracaso de los múltiples planes oficiales de seguridad. Según los expertos, las muertes violentas este año llegarían a la escalofriante cifra de 30.000. La ineptitud y complicidad del gobierno han triplicado las muertes por explosiones de granadas en manos de delincuentes. El jueves 22 fue lanzada otra granada a una sede del Cicpc en Caracas (El Nacional), sin que hasta ahora el señor Maduro haya investigado por qué granadas, que solo deben estar bajo control de las FAN, crezcan como la verdolaga en manos de la delincuencia.

Pero Venezuela no solo es el segundo país más violento del mundo, sino que bate récord también en delitos de violación de los derechos humanos de todo aquel que disienta pacíficamente del gobierno o que publique informaciones que muestren los vicios, delitos y fracasos oficiales. Las violaciones son de tal calibre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, CIDH, abrió su nuevo período dedicando cuatro audiencias a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, con temas como libertad de expresión, derechos políticos y humanos y el hostigamiento contra los defensores de esos derechos (ONG). La CIDH ha defendido el derecho de medios como El Nacional, La Patilla y Tal Cual de informar sobre investigaciones de medios extranjeros, sin que puedan ser perseguidos por ello. Las violaciones se acumulan en esa comisión: Venezuela no informó de la cifra oficial de homicidios del país; se ha negado a liberar a los presos políticos y a regresar la señal de RCTV, entre otros muchos.

Los crecientes delitos políticos en nuestro país son reseñados y protestados por los demócratas del mundo. Esta semana 14 ex presidentes iberoamericanos, ante el contrasentido de que Venezuela podría ser el representante en América Latina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante los próximos 3 años, exigen a la Asamblea General de la ONU que “condicionen la decisión a la puesta en libertad de los presos políticos venezolanos y a la aceptación de una misión imparcial de observación electoral para las próximas elecciones legislativas”. Los firmantes recuerdan que la “concentración de poder y la falta de independencia judicial han permitido que el gobierno intimide, censure y persiga a críticos. De manera arbitraria, se ha detenido, juzgado, condenado e inhabilitado políticamente a líderes de la oposición”. También 34 ONG han pedido “no reelegir a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU” alegando que darle al gobierno de Maduro 3 años más en esa instancia indicaría “que los principios que se pretendía proteger al crear ese Consejo, no merecen ser tomados en serio”, a la par que reseñan una larga lista de graves violaciones de los derechos humanos en el país. La Unión Interparlamentaria Mundial, a su vez, criticó el acoso ilegal a diputados opositores y su inhabilitación.

La proximidad del 6-D y la intensificación del rechazo popular a Maduro, cuyo apoyo ya no llega a 18%, exacerba la “locura” reconocida por Chávez en sus “delfines” (según confesase Diosdado). Con los mercados de anaqueles vacíos, inflación de 200% y farmacias con 70% de escasez, los “delfines” en el poder delinquen grabando ilegalmente conversaciones privadas, como la sostenida por el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, y el economista Ricardo Hausmann. Los defines, devenidos en tiburones, saben bien que el FMI solo hace convenios con gobiernos y no con particulares, así que culpar a Mendoza y Hausmann de “traición a la patria” por “tratar de vender a Venezuela al FMI”, es una treta grotesca con fines delictivamente electorales, dado que el propio FMI ha dicho públicamente “que no está negociando con nadie un programa de apoyo financiero a Venezuela”. El informe económico anual del FMI sobre nuestro país habla por sí solo: la peor situación de Latinoamérica y una de las peores del mundo. Similar a la de Yemen, en plena guerra, o Guinea Ecuatorial.  

Ante la debacle del 6-D que anuncian todos los sondeos, el régimen intensifica sus amenazas: Maduro vocifera en cadena que “tiene mil celdas listas para quien se ponga cómico el 6-D” y que “en ninguna circunstancia entregará los logros de la revolución”, al referirse al resultado electoral del 6-D. Vemos el uso de recursos públicos a favor de sus candidatos y las maniobras fraudulentas del CNE de centros de votación en viviendas de chavistas; la redistribución arbitraria de la población electoral con miras a favorecer al PSUV; rechazar exigencias opositoras que garantizarían la hoy inexistente transparencia electoral y, sobre todo, su férrea negativa a que haya una observación calificada y neutra. Arrecian los delitos grotescos para arrebatar los votos opositores con sentencias del TSJ obscenamente politizadas. Ya no solo es la confiscación del partido MIN y su directiva cambiada por chavistas, sino su ubicación en el tarjetón electoral con nombre y grafía casi idéntica a la tarjeta de la MUD. La última maniobra del TSJ rojo fue cambiar la directiva de Copei, cuyos nuevos directivos no piden una tarjeta propia, sino que a la “machimberra” incorporen en la tarjeta opositora a 26 “rojiverdes” que garantizarían al gobierno que la oposición no obtuviese la mayoría calificada que pronostican todas las encuestas.  

“La observación internacional no es injerencia”, reclama la OEA, mientras Estados Unidos y otros países piden a la misma OEA que Venezuela reconsidere la observación electoral. Mientras la embajadora de la UE en Venezuela advierte que “la observación calificada contribuye a disuadir el fraude”, Maduro tuvo el tupé de vetar como observador al Tribunal Superior Electoral de Brasil. Tanta negativa oficial a que el proceso del 6-D sea transparente y certificado internacionalmente obliga a pensar, dentro y fuera del país, en que la única forma de que el PSUV gane las legislativas es que haya una trampa gigantesca. Si el régimen y los poderes a su servicio cometen el delito de adulterar los resultados, el grito de “fraude en Venezuela” se escuchará en cada rincón del mundo donde haya democracia.