• Caracas (Venezuela)

Marta Colomina

Al instante

Golpe del tsj: inmunidad para delinquir

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Bien lo dijo el diputado Omar Barboza en su brillante intervención en la AN cuando fue rechazado categóricamente el golpe de Estado contra el Parlamento, dado por la sala “in-constitucional” del tsj (con minúsculas), devenida en brazo político de Maduro: “El único poder legitimado por el pueblo en estos momentos es el Poder Legislativo, el resto de los poderes (incluido el poder judicial y su ominoso tsj ) están siendo rechazados por el pueblo venezolano, como consecuencia de la crisis que ha generado este gobierno, que se expresa en la escasez de alimentos y medicinas, en el alto costo de la vida, en la inseguridad ciudadana, y en la corrupción con impunidad. El Poder más legítimo que actúa hoy es la AN. La soberanía popular descansa intransferiblemente en el pueblo y la legitimidad de los poderes públicos se deriva de la soberanía popular. Nosotros no vamos a permitir que por razones políticas el poder judicial se inmiscuya en las atribuciones de la Asamblea Nacional y limite su ejercicio…El cambio es indetenible y no lo va a detener la maniobra de un poder judicial controlado por el partido de gobierno”.

“Corrupción con impunidad”: ahí está la clave del golpe judicial del desprestigiado tsj a través de la sentencia Nº 9, detritus judicial emitido al conocer el inminente propósito de la AN de revocar la designación de los “13 magistrados express”, en cuyo proceso se encontraron 17 graves irregularidades. De un plumazo la sala determinó que la AN “no está facultada para revisar o anular las designaciones de magistrados del máximo tribunal del país”. El fallo no solo da al gobierno licencia para que sus “enchufados” sigan protagonizando la corrupción con impunidad, al exceptuar de rendir cuentas ante la AN, como si fuesen dioses impolutos y eternos, a la “fiscal, contralor, defensor, rectores del CNE, a las autoridades de la FANB, gobernadores y alcaldes”, sino a “los mismos magistrados que lo dictaron, pues frena las iniciativas emprendidas por los diputados opositores en el Parlamento, a efectos de renovar las autoridades del Poder Judicial” (El Nacional 2-3-2016). Cínicamente justifican tal castración constitucional diciendo que así se garantiza “el equilibrio y la división de poderes”, a sabiendas de que ellos actúan al servicio de Maduro, arrasando con todo vestigio de constitucionalidad que encuentran a su paso. Cuando el Parlamento está en manos de la oposición, los magistrados rojos se percatan de que esas normas son perjudiciales. Así que el tsj blinda el narcotráfico, la adquisición de medicinas vencidas, alimentos podridos, empresas de maletín, bachaqueo y el raspado de olla con absoluta impunidad e inmunidad”. Pero la AN autónoma acudió al archivo para demostrar que en 2007 el Parlamento chavista dejó “sin ningún efecto jurídico” una sentencia del TSJ del 01-03-2007, apelando al artículo 187 de la Constitución en el que se señala que “corresponde a la AN ejercer funciones de control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional”. Y ¡oh sorpresa! Entre quienes justificaron la nulidad de la sentencia estuvo el entonces diputado Calixto Ortega, el mismo que hoy ostenta la condición de magistrado express de la sala in-constitucional. La sentencia fue declarada nula y dejada sin efecto. Pero ahora, con tanta prisa en convertir a la AN en un jarrón chino que le permita al régimen seguir con sus trapacerías, la sala cometió el grave error de violar su propio reglamento, tal como reconoció el presidente de la AN, Henry Ramos: “El artículo 40 exige la firma de las dos terceras partes de los magistrados de la sala, es decir, al menos 5 de 7, pero solo firmaron 4, así que la sentencia no es válida, ni vinculante”. La complicidad entre los poderes es tal, que en la misma sentencia el tsj asentó sus criterios sobre las mayorías de la AN. Luego de la desincorporación de 4 diputados de Amazonas (3 de la MUD) el tsj jura que son 109 diputados activos e incorporados a la Cámara, y que con esos la oposición pierde la posibilidad de revocar el mandato de los magistrados del tsj, rectores del CNE y Poder Ciudadano. Un día antes, el CNE había informado al tsj que quedaban sin efecto las impugnaciones del oficialismo porque “los votos nulos no son motivo para suspender una elección”, con lo cual deberían reincorporarse los 3 diputados opositores de Amazonas y así recuperar la MUD sus dos tercios. Pero no será así, porque el único informe que el CNE no remitió al tsj es el de la impugnación de la chavista Nicia Maldonado, que fue el que suspendió a los 3 opositores de Amazonas con el infundio, nunca probado, de “haber comprado votos”. Así que no repetirán las elecciones en Amazonas (que perderían), ni declaran nula la impugnación. Dan asco.

El mundo rechaza categóricamente este “fujimorazo” y la AN ratifica sus atribuciones constitucionales de control e investigación, a la par que solicita la activación de los mecanismos internacionales, incluida la Carta Democrática de la OEA “al haberse cometido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente a la democracia”. El Senado de Brasil le está pidiendo a su gobierno activar la Carta Democrática tras sentencia golpista del tsj y la Alianza Parlamentaria Democrática de América condena la decisión del tribunal supremo contra la AN. Es vox populi que el tsj viola la Constitución para favorecer ilegalmente a Maduro. Las denuncias son múltiples: la Academia de Ciencias Políticas y Sociales “exige al TSJ cesar en sus intentos por sustituir a la AN”. Numerosos juristas denuncian que “la sala dejó de ser Constitucional y pasó a ser sala constituyente porque está creando su propia constitución. Añaden que la decisión implica el saqueo de las competencias de la AN”. Y recuerdan que en 2002, la AN presidida por William Lara revocó el nombramiento de Frankin Arrieche por irregularidades en su postulación. Y otro botón de muestra: juristas de 20 países consideran nulo el juicio a Leopoldo y a los presos políticos.

A este circo le salen demasiados enanos: el PCV y PPT, socios del régimen, piden investigar al ministro de Alimentación, Carlos Osorio, cosa que impide el tsj. Los trabajadores chavistas llevan denunciando corrupción en abastos Bicentenario desde 2007; la carta que desde Aporrea le envían a Aristóbulo clama para que se investigue el destino de cerca de 500.000 millones de dólares. Y mientras Venezuela lidera la lista de las economías más miserables del mundo, el usuario de las colitas de Pdvsa –Elías Jaua–confiesa cual es su prioridad: “Nuestro único escenario es mantener a Nicolás Maduro en el poder”, por eso lo urgente es dar licencia para delinquir con impunidad a sus enchufados civiles y militares, y olvidarse de atender el clamor del pueblo pidiendo alimentos y medicinas. RIP